Judicial

Corte Suprema pide a C. Constitucional estudiar tutela de extradición de ‘Otoniel’

El magistrado José Fernando Reyes de la Corte Suprema insiste en seleccionar la tutela que estudia la extradición de alias ´Otoniel´. Pese a que ya fue extraditado, la Corte Constitucional evalúa si esta decisión fue justa con las víctimas.

Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', tras su captura en Colombia y previo a su extradición a Estados Unidos. Foto: Colprensa.

La Comisión Colombiana de Juristas presentó una acción de tutela en contra del concepto favorable de extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, que emitió la Corte Suprema de Justicia el pasado 6 de abril de 2022, decisión de extradición que fue firmada por el presidente de la República el 8 de abril y además se llevó a cabo el trámite de extradición hacia los Estados Unidos en mayo de este año.

Sin embargo, a la Corte Constitucional llegó una tutela de la Comisión Colombiana de Juristas que considera que dichas conductas no solo vulneran los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, en especial de las reconocidas en el macroproceso número 4 que se tramita ante la JEP, sino que además desconoce la jurisprudencia de la Corte Suprema porque supuestamente, afecta el debido proceso.

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También agregó que este alto tribunal ha reiterado en la cooperación y la obligación internacionales de investigar y juzgar graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario, que según la Comisión aplicaría en este caso.

Aunque la tutela pide que suspenda la ejecución de la orden de extradición de ‘Otoniel’, hasta tanto no haya sido investigado y juzgado por la justicia ordinaria por los graves crímenes cometidos en Colombia, y que una vez haya cumplido las condenas a que haya lugar se proceda con el trámite correspondiente, y el procesado ya fue extraditado, el magistrado José Fernando Reyes le insiste a la Corte Constitucional que revise la decisión que tomó la Corte Suprema, bajo el argumento de que se trataría de un asunto novedoso y que:

“Si bien las víctimas tienen derecho “a conocer la verdad, a que se haga justicia y a ser reparados de manera efectiva”, “la Corte no puede dejar de considerar la actitud renuente, contumaz y de desprecio absoluto que, en el pasado, ha asumido el requerido frente a las víctimas y el sistema de justicia nacional, en su componente ordinario, e incluso, en el transicional de Justicia y Paz”, señaló la Suprema.

En síntesis, la Corte Constitucional podrá determinar unas reglas de ponderación para casos en los cuales el extraditado no sea postulante ante la JEP, pero sí testigo importante en un proceso de dicha jurisdicción.

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