Fiscalía acusó a tres empresarios por escándalo de Centros Poblados
Emilio Tapia según la Fiscalía fue el cerebro del entramado de corrupción en el que se presentaron documentos falsos.
Emilio Tapia en declaración ante la Corte Suprema de Justicia.(Colprensa)
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a tres empresarios que habrían participado del entramado de corrupción de Centros Poblados y Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Ante la juez 59 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, la delegada de la Fiscalía acusó formalmente a Juan José Laverde, quien en la época de los hechos fue el representante legal de Rave Seguros, Tomás José Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres Bayona, de haber incurrido en varias conductas delictivas para lograr el desembolso de los 70.000 millones de pesos del contrato con el que el Gobierno Nacional llevaría internet a las zonas más apartadas del país.
En ese sentido, la fiscal del caso señaló que Laverde y Lascarro Torres, serán llevado a juicio por los delitos de: falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.
Por su parte, Cáceres Bayona fue acusado por peculado por apropiación.
Cabe recordar que, actualmente Juan José Laverde y Tomás Lascarro Torres, tienen negociados principios de oportunidad con la Fiscalía sin embargo, el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa no ha autorizado ni firmado ninguno.
De acuerdo con la Fiscalía, el condenado por el escándalo de corrupción del ‘carrusel de la contratación’ Emilio José Tapia Aldana, fue el ‘cerebro’ de este nuevo entramado al estar detrás de la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, que según la investigación mediante engaños y utilizando pólizas de seguros falsas, lograron engañar a funcionarios del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para conseguir la licitación y el contrato 1043 por más de un billón de pesos y obtener el anticipo de 70.000 millones de pesos.
De acuerdo con la exposición de la delegada de la Fiscalía, Luis Fernando Duque como representante legal de la Unión Temporal supuestamente fue asesorado por Tapia Aldana para conseguir empresas que aceptaran presentarse a la licitación pública y obtener el contrato.
“Esta conducta se ejecutó en acuerdo económico y división de trabajo toda vez que Juan José Laverde en su condición de corredor de seguros de la empresa Rave, se encargó de presentar al señor Emilio Jose Tapia Aldana, a las empresas Omega Buildings e Intel de la Costa de Ottomar Lascarro Torres pero manejadas a través de terceros, con el fin que esas empresas hicieran parte de la Unión Temporal para cumplir con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos en el proceso licitatorio, sin que estas empresas tuvieran algún tipo de participación real en desarrollo o ejecución del contrato”.
Explicó la Fiscal que Tapia Aldana se comprometió a pagar 4.000 millones de pesos para lograr armar la Unión Temporal y quedarse con el contrato de Centros Poblados.
“Emilio José Tapia Aldana quién a través de terceros manejaba la empresa ICM Ingenieros, aceptó pagar a Ottomar Lascarro Torres, una suma de dinero correspondiente a 4.000 millones de pesos y una comisión por dicho negocio a Juan José Laverde Martínez, por la participación de Omega Buildings e Intel de la Costa en la Unión Temporal para cumplir con los requisitos habilitantes exigidos en el proceso licitatorio”.
