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Contratista de cementerios distritales denunciará funcionarios de la UAESP en Bogotá

En un comunicado el operador desmintió la presunta apropiación irregular de $5.800 millones por parte de Jardines de Luz y Paz.

Cementerio de Bogotá imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Cementerio de Bogotá imagen de referencia. Foto: Getty Images. / jtinjaca

Tras las denuncias de corrupción en la adjudicación del contrato de administración de los cementerios distritales de la ciudad por parte de la UAESP, el contratista anunció acciones legales en contra de funcionarios de la entidad y de la interventoría del contrato al considerar que los señalamientos de los que son acusados son infundados.

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Según un comunicado emitido por la Unión Temporal Jardines de Luz y Paz, acusada de la presunta apropiación ilícita de $5.800 millones de pesos “son lamentables las consideraciones erradas que los funcionarios de la entidad están haciendo a los balances financieros de la concesión. A pesar de tener acceso en tiempo real a los soportes de ingresos por prestación de servicios y gastos de operación, no tienen claras las cifras reales en los 18 meses de ejecución del contrato”.

En el documento el contratista también argumentó que entre julio de 2021 a 31 de diciembre de 2022, la operación de los 4 cementerios públicos de la ciudad, ha generado ingresos brutos por valor de $10.300 millones de pesos, producto de ingresos promedios mensuales de $572 millones. Además,  $2.200 millones, de los cuales, la UAESP ya ha retirado $800 millones por concepto de retribución al distrito y pago de intreventoría. Actualmente en esta fiducia se encuentran $1.400 millones

Finalmente, la Unión temporal dijo que es preocupante, que una entidad del distrito teniendo acceso a toda la información financiera, acuse a la concesión de apropiarse ilícitamente de más de $5.800 millones, cifra que Jardines de Luz y Paz desconoce, por lo que interpondrá las acciones legales correspondientes en contra de los funcionarios de la UAESP y de la interventoría, para garantizar que se cumpla el debido proceso demostrando la transparencia en los manejos de los recursos públicos.

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