El pasado 17 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y el partido Comunes, a través de sus representantes en el Consejo Nacional de Reincorporación, informaron que los excombatientes de las FARC que viven en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación <b>(ETCR) Mariana Páez</b>, ubicado en una vereda del municipio de Mesetas, departamento del Meta, se verán<b> obligados a salir de ese territorio</b>.La razón por la que los excombatientes tendrán que salir de la zona se debe a que se encuentran en<b> riesgo inminente de desplazamiento forzado</b>. Según han denunciado los firmantes del Acuerdo de Paz, el pasado lunes 14 de marzo las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc que operan en el territorio, al mando de ‘Iván Mordisco’, les <b>dieron un plazo de 30 días</b> para abandonar ese espacio territorial.Incluso, el líder del Partido Comunes y también firmante de la paz, Rodrigo Londoño, ha hecho un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro frente a la implementación del Acuerdo, así como la búsqueda por consolidar el plan de Paz Total. Londoño aseguró que <b>esta iniciativa ha afectado su seguridad</b>.“La implementación del Acuerdo de Paz corre grave peligro. Las<b> organizaciones con las que se pretende negociar la ‘Paz Total’ nos han hecho blanco</b> de sus acciones y su Gobierno no atiende nuestros llamados (...) la situación es grave en varios espacios de reincorporación. En Mesetas la orden fue perentoria de abandonar el territorio, pero en Carrizal y en Remedios, Antioquia, hay un desplazamiento silencioso, en Arauca confinamiento”, expresó en su cuenta de Twitter.Luz Marina Giraldo, excombatiente y firmante del Acuerdo, aseguró en La W que es víctima de la situación que se vive <b>desde poco antes del proceso de dejación de armas</b> y, como consecuencia de ello, creó la Fundación Sin Olvido que busca “recoger a las familias que aún están en limbo jurídico, donde ni siquiera se les reconoce en su condición de víctimas”.Por eso, aseguró que la<b> problemática de los excombatientes es compleja</b>, no solamente por los asesinatos de líderes de proyectos productivos e iniciativas comunitarias que se siguen presentando, sino por las consecuencias de estos hechos: “hay traumas (incluso en los hijos) porque las muertes a menudo son violentas”.Para Giraldo, esta situación es <b>resultado de una deuda que lleva seis años pendiente</b>, pues hace más de tres años los habitantes del ETCR Mesetas solicitaron el traslado.“Si se hubiera hecho el <b>trabajo y esfuerzo desde el gobierno anterior </b>de sacar los espacios territoriales dentro de las propuestas que hemos hecho, de moverlos, revisar las condiciones de las cooperativas, de los proyectos productivos y de las familias, esto <b>no estaría pasando</b>”, aseguró.Por ese motivo, Giraldo afirmó que<b> se están enfrentando a una crisis humanitaria</b>.<b>Alejandra Miller</b>, directora de la Agencia de Reincorporación, compartió la preocupación por la situación de los firmantes del Acuerdo y aseguró que la principal prioridad es<b> garantizar el cumplimiento de lo pactado</b>.Además, afirmó que, desde su entidad, están a la tarea de <b>desatrasarse en incumplimientos acumulados </b>en varios frentes.Escuche la entrevista a Luz Marina Giraldo y Angélica Miller en La W: