Abren proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en acueducto de Córdoba

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, confirmó este 31 de marzo que el ente que preside inició un proceso ordinario de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato N° 081 de 2018, cuyo objeto fue la “consultoría para asistencia técnica, operativa, administrativa, comercial y financiera para la puesta en marcha del acueducto regional costanero”, suscrito entre Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. y Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P. hoy Veolia Aguas De Montería S.A. E.S.P.

De acuerdo con la Contraloría, el proceso se abrió por $1.578 millones, teniendo en cuenta la cuantía del daño inicialmente detectado que afecta al departamento de Córdoba.

“La apertura de este proceso de responsabilidad Fiscal tuvo su origen en una actuación especial adelantada por la Contraloría General de la República. Se detectó un presunto detrimento patrimonial correspondiente a la cuantificación económica de todo el componente de personal discriminado en la oferta económica al no existir ningún tipo de soporte al respecto y del valor de adición efectuada", advirtió el Contralor. 

En ese sentido, puntualiza que "al no existir soporte de interventoría ni de supervisión que registre el desarrollo y ejecución de lo adicionado, ni discriminación de las personas que realizaría dichas actividades. En el desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal se vinculó a los garantes llamados a responder, en aras de garantizar el resarcimiento del Patrimonio Público”.

Este proyecto buscaba beneficiar a los municipios de Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido. Ha recibido inversiones que superan los $50.000 millones y, actualmente, estas zonas se encuentran en calamidad pública por falta de agua. Mientras, el acueducto sigue recibiendo millonarias adiciones; la última fue por un valor de $27.000 millones, para el cambio de tubería.

Según Aguas de Córdoba, en cabeza de Gloria Cabrales, esta nueva adición permitiría que el agua llegue con mayor presión a las zonas que deben beneficiarse.

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Por otra parte, la Contraloría General de la República también anunció que abrió proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en el sistema de alcantarillado sanitario municipio de San Carlos, donde la entidad afectada es el departamento administrativo para la prosperidad social (DPS). La cuantía del daño sería por un valor de $9.572 millones.

“La Contraloría General de la República inició proceso ordinario de responsabilidad fiscal, por presuntas irregularidades evidenciadas en la ejecución del contrato de obra No. 02 - 2013, cuyo objeto fue la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la zona urbana del municipio de San Carlos - departamento de Córdoba, suscrito entre el municipio y el Consorcio Alcantarillado San Carlos 2013”, sostuvo la Contraloría.

En ese sentido, se precisa que el contrato investigado tiene su origen en el convenio Interadministrativo No. 069 de 2012, suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y el entonces Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- Fonade, hoy (ENTERRITORIO) y el Municipio de San Carlos (Córdoba).

“La obra fue ejecutada, pero no se encuentra en funcionamiento. Asimismo, se observan deficiencias en el proceso de conceptualización, diseño y ejecución del proyecto. En este proceso se decretaron medidas cautelares”, indicó el ente de control fiscal.