Procuraduría advierte riesgos electorales en carta dirigida a MinDefensa y MinInterior

En estos documentos, la produradora, Margarita Cabello alerta sobre 4 factores de alto riesgo para las elecciones de alcaldes y gobernadores.

1. Impera garantizar la cobertura y presencia de los dispositivos de Fuerza Pública en la totalidad de los puestos de votación establecidos por la organización electoral, por la existencia de temas de tipo logístico para la movilidad de tales componentes de proteccion en achos puestos de volación de diferentes regiones del país.
2. Es urgente informar al país junto con la organización electoral de manera inmediata, pública y oficial, del traslado de los puestos de votación a cabeceras municipales, en caso de no garantizarse la cobertura integral de los dispositivos de seguridad a cargo de la Fuerza Pública en la totalidad de los mismos.
3. Reitero que la seguridad y control electoral constitucionalmente le asiste, y es exclusivo de la Fuerza Pública. Lo anterior, en consideración a anuncios e iniciativas aisladas de cabecillas de grupos armados ilegales en proceso de negociación con el Gobierno Nacional, que conllevaron también a comunicados de guardias campesinas, dejando entrever la posibilidad de ejecutar controles electorales, pretendiendo detentar la facultad de control en los puestos de votación, lo que podría configurar situaciones de alteración y complejidad con vulneración de derechos y riesgos en materia de seguridad, convivencia y orden público. Esta situación, requiere especial atención en departamentos como: Cauca, Caquetá. Putumavo. Norte de Santander. Antioquia. Meta. Huila. Guaviare Magdalena, Chocó y Valle del Cauca.
4. Ante eventuales focos de protestas y manifestaciones públicas que se lleguen a activar, que puedan afectar el norma desarrollo de los comicios en sus tases electoral y post electoral, se requiere de la suficiente socialización y apropiación por parte de los dispositivos de la Fuerza Pública competentes en esta materia, del Decreto 003/2021: “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.