Los proyectos de Cotorra, El Salado y Saravena estaban asignados desde 2021 y se advierte en el documento que solo se gestionaron de acuerdo con las funciones del ministro Ricardo Bonilla.
La petición de prolongar la prisión preventiva la presentó la Fiscalía el pasado 6 de junio, cuando se vencía una primera orden de 18 meses que comenzó el 7 de diciembre de 2022.
Según las autoridades, los abusos duraron cinco años e incluían golpizas y encierros si los niños no cumplían con cuotas de venta impuestas.
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