Procuraduría sanciona a Aida Merlano pero no toca a los Char, denunciados por ella

La senadora Esmeralda Hernández, de la bancada de gobierno, viene haciendo graves denuncias sobre clientelismo en la Procuraduría General de la Nación. Según ella lo ha documentado, varios clanes políticos tienen fichas burocráticas otorgadas en la administración de la procuradora Margarita Cabello Blanco.

Hoy la senadora Hernández quiere ampliar sus denuncias y señalar casos específicos en los que, según ella, la Procuraduría ha dejado de actuar contra sus aliados políticos, o ha efectuado multimillonarias contrataciones incurriendo en conductas parecidas a las que tendría que sancionar.

Uno de esos casos es el de la exsenadora Aida Merlano quien ha dicho y aportado pruebas sobre la participación de los señores Arturo Char, expresidente del Senado y Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, en las operaciones de compra de votos por los cuales ella fue condenada penal y disciplinariamente.

La senadora Hernández resalta que, mientras la Procuraduría condenó disciplinariamente con diez años de inhabilidad a la denunciante Aida Merlano, no hizo lo mismo con los Char, aliados de la procuradora barranquillera. Sobre ellos, dijo textualmente que el hecho denunciado “no involucró, ni guardó relación alguna con la familia Char”.

Existen informaciones según las cuales empresas y socios del hijo de la señora procuradora general, el ingeniero Albero Mario Caparroso Cabello, han sido favorecidos con multimillonarios contratos por gobernaciones afines a la familia Char como las de Eduardo Verano, hoy repitente en la gobernación, y Elsa Noguera.

La senadora Esmeralda Hernández también denuncia que casos como el de Odebrecht, la procuraduría de Margarita Cabello archivó por que dejó vencer por prescripción los procesos contra Armando Benedetti, Plinio Olano y Ciro Antonio Rodríguez.

Y además archivó procesos contra Trino Luna, miembro del Clan Cotes del Magdalena, que también ha favorecido con contratos al ingeniero Alberto Caparroso el hijo de la procuradora. Y contra Daniel García Arizabaleta, confeso receptor de dineros de Odebrecht a través de contratos con terceros.

En otro caso, asegura la senadora Hernández que la procuraduría actual no continuó con la investigación por el caso Saludcoop, que se quedó en la sanción que procuradores anteriores le impusieron al corrupto expresidente de la entidad de salud, Carlos Gustavo Palacino Antía, sancionado con 18 años de inhabilidad. Dice la senadora que después de eso, el Ministerio Público no ha hecho nada para sancionar a otros responsables.

También habla la congresista de un contrato por más de $17.000 millones de pesos que la Procuraduría efectuó a dedo, sin licitación pública, con una compañía de la cual es accionista mayoritaria la gobernación del Valle, llamada Empresa de Recursos Tecnológicos ERT y que, de acuerdo con la senadora, subcontrata la ejecución de esos contratos con empresas privadas.

Es decir, la Procuraduría habría pagado una intermediación costosísima para los contribuyentes.

La senadora Esmeralda Hernández denuncia penalmente a la procuradora Cabello

En entrevista con El Reporte Coronell de La W, la senadora del Pacto Histórico explicó con mayores detalles la investigación que lleva a cabo sobre el ‘doble rasero’ de la procuradora Margarita Cabello, quien ha tenido mayor celeridad contra el Gobierno Petro que con otros casos que hoy continúan en la impunidad.

“Lo que encontramos es que hay una celeridad implacable en procesos de sectores alternativos, pero en otros que han sido escándalo donde ha habido condena y desviación de recursos públicos condenados por la rama judicial, no sucede nada en la Procuraduría, pasan 7 u 8 años, se archivan y no aparece condena”, expresó.

Para el caso de Aida Merlano , la congresista aseveró que “le preguntamos a la procuradora por qué no ha pasado nada, cuando todo el país sabe que la misma Merlano habló de los dineros de los Char que han desangrado el erario”.

Asimismo, se refirió a la poca eficiencia de la Procuraduría de Cabello en los casos de Reficar, la masacre de El Tandil, Odebrecht y el estallido social del 2021 con los abusos de la Fuerza Pública, los cuales tuvieron poca resolución, solo procesos archivados y pocos judicializados.

En cuanto a la Empresa de Recursos Tecnológicos ERT, de la que es accionista la Gobernación del Valle, la senadora mencionó que “se usa recurrentemente la ley de los ‘contarataderos’”.

Finalmente, Hernández también habló de la sanción al canciller Álvaro Leyva, comentando que, si bien está bien que la procuraduría investigue, “en el periodo de Iván Duque uno no encuentra ninguna suspensión a funcionarios de alto nivel, ni siquiera en escándalos como el de Karen Abudinen, donde se perdieron millones”.

Escuche el Reporte Coronell en La W: