Canciller (e) espera conceptos jurídicos para decidir sobre licitación de pasaportes

En medio del debate ante la comisión segunda del Senado de la República, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, explicó las dudas que surgieron frente a la suspensión del segundo proceso licitatorio para la elaboración de pasaportes en el país.

“De ninguna manera el Gobierno está tratando de dilatar un proceso. Lo que queremos es que el proceso salga bien para beneficio del país y para que garantice unos principios que ha establecido, y en los cuales ha sido muy claro el presidente Petro y este gobierno, y que tienen que ver con la lucha contra la corrupción”, justificó Murillo.

El ministro encargado explicó las medidas tomadas para garantizar un proceso que cumpla los principios establecidos en la Constitución y en la ley.

En primer lugar, Murillo aseguró que solicitó conceptos jurídicos a la Agencia Nacional Jurídica de Defensa del Estado, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia y a Colombia compra Eficiente, para unificar criterio jurídico de Gobierno.

Además, se dio traslado de las actuaciones del ex secretario general del Ministerio a Fiscalía, Procuraduría y la Contraloría y se solicitó acompañamiento preventivo a la Procuraduría y a la Contraloría.

A las preguntas de los senadores sobre el futuro de este proceso licitatorio y el suministro de pasaportes, el canciller encargado entregó un parte de tranquilidad al insistir en que actualmente existe un contrato vigente a través del cual se sigue y se seguirán expidiendo pasaportes en las sedes nacionales y en el exterior, con total normalidad.

El canciller encargado explicó que una vez se cuente con los conceptos jurídicos solicitados y se revisen todas las observaciones, su propósito es “que nosotros podamos avanzar en este proceso licitatorio, que podamos tener los procesos administrativos que lleven a la suscripción del debido contrato para que se siga prestando ese servicio”.

“Queremos hacerlo con la mayor seriedad posible y que obedezca, precisamente, a lo que nos establece el marco jurídico, pero sin renunciar a los principios que ha planteado este gobierno y es que en este proceso no puede haber ninguna señal de que se favorece a una firma o que hay procesos en los que ha habido, al menos, la presunción de corrupción. Y eso tiene que esclarecerse, porque nosotros no vamos a ceder en esa posición. Tampoco le tememos al hecho de que tengamos que ir a los estrados jurídicos, en lo contencioso administrativo y en lo penal, a defender los intereses del Estado”, añadió.

Finalmente, el alto funcionario cerró diciendo que su objetivo es “sacar a la Cancillería de esta turbulencia que no nos permite discutir temas de fondo de la política exterior, de la diplomacia y las necesidades de fortalecer las instituciones del sector”.