Exdirector del IDU es investigado por 15 obras presuntamente inconclusas y abandonadas
Seis exfuncionarios del IDU y tres contratistas de interventoría también serán investigados por el Ministerio Público.
Obras del IDU en Bogotá. Foto: Proporcionada por Lizeth Martínez
Bogotá
Ante el posible incumplimiento en proyectos de infraestructura de los sistemas de movilidad y de espacio público en Bogotá, contratados con recursos de valorización, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el exdirector general del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez Fonseca.
El ente de control también investiga por presuntas conductas irregulares por obras inconclusas y abandonas a la exsubdirectora general de infraestructura, Claudia Tatiana Ramos Bermúdez; al exdirector técnico de gestión contractual, Juan Carlos González Vásquez; al subdirector técnico de ejecución, Jaime Augusto Bermúdez Díaz; a la exdirectora técnica de construcciones, Denice Bibiana Acero Vargas; a la abogada de la dirección técnica de gestión contractual, Ginna Paola García Bohórquez; y al exdirector técnico de proyectos (e), José Félix Gómez Pantoja.
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Dos contratistas del bilateral de interventoría identificados como Miguel Ángel Botero Gómez, en su calidad de representante legal de MAB Ingeniería de Valor S.A., al suplente del anterior cargo, Ariel Alberto Corredor Gómez; y finalmente, a Juan Carlos Guio Ávila, como prestador de servicios de la dirección técnica de proyectos, también son investigados.
La Procuraduría busca confirmar si de las 16 obras de valorización contratadas, que habrían costado cerca de $18.000 millones y de las cuales solo una registraría el 100% de finalización, registran problemas en el diseño, en la edificación, además de evidenciar posibles irregularidades en el contrato de interventoría y supervisión.
Néstor Mauricio Areiza, procurador segundo distrital, se refirió a los contratos restantes asegurando que “el resto de los contratos, 15, presentan dificultades (y) retrasos en su ejecución. Una ejecución bastante baja, lo cual ha generado la preocupación de este Ministerio Público y, en consecuencia, la apertura de la correspondiente investigación”.
El ente de control además recordó que el valor aproximado de los recursos de valorización es de $800.000 millones que, considera, deberían tener una efectiva y adecuada ejecución contractual.
Frente al caso, el ministerio público ordenó la compulsa de copias para investigar 14 contratos más que estarían, al parecer, en las mismas condiciones, y que habrían sido contratados con los mismos recursos. De igual forma, ordenó realizar las pruebas pertinentes y así determinar si los sucesos incurren en faltas disciplinarias.
