Capturan a fiscal que archivó 27 casos por agresiones sexuales contra menores
A pesar de tener pruebas que demostraban la responsabilidad de los agresores, al parecer la funcionaria judicial cerró los casos
Imagen de referencia, captura. Foto: Getty Images / Bill Oxford
Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron a la fiscal seccional de Bogotá, Margarita María Rueda Suárez, por posibles actuaciones irregulares en procesos relacionados con delitos sexuales contra menores de edad.
La funcionaria judicial fue capturada por las presuntas irregularidades que se presentaron en los procesos que tuvo a su cargo y en los que no habría tenido en cuenta los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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Según la investigación de la Fiscalía, la funcionaria ordenó el archivo de 27 casos en los que se investigaba agresiones sexuales contra menores de edad.
“Los elementos de prueba indican que la servidora judicial habría emitido 27 órdenes de archivo de casos relacionados con conductas que atentan contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, sin seguir los parámetros de la normatividad vigente”, destacó la Fiscalía.
Entre los elementos materiales probatorios que se recopilaron, se logró determinar que en algunos casos sí había evidencias suficientes para que los responsables de las agresiones sexuales respondieran penalmente.
“En por lo menos dos oportunidades, sustentó una supuesta ‘atipicidad de la conducta’; sin embargo, la Fiscalía constató que existía suficiente material probatorio para vincular a los señalados agresores sexuales”, señaló la fiscal.
También se estableció que en las 27 noticias criminales, supuestamente, se demoró en pronunciarse ante las solicitudes de desarchivo o revocatoria de archivo presentadas por los representantes del Ministerio Público.
Con base en esos argumentos, un fiscal delegado, ante el Tribunal Superior, imputó los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
La fiscal se declaró inocente mientras que, un juez de control de garantías, le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
