Desde el Caribe, piden al Gobierno declarar el estado de emergencia por crisis energética

A través de una carta, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, le pidió al presidente de la República, Gustavo Petro, dictar medidas excepcionales ante una inminente crisis energética.

De acuerdo con Verano, la grave situación del sector eléctrico, deriva de la creciente complejidad financiera, originada en el retraso en los pagos asociados a la compra de energía y a los subsidios reconocidos a los comercializadores.

El hecho ha generado presiones sobre la liquidez de los agentes del sistema, “limitando sus capacidades operativas y generando tensiones que comprometen la sostenibilidad del modelo actual”.

Según el mandatario departamental, la situación se suma al rezago en la ejecución de proyectos estratégicos de expansión del sistema de transmisión y distribución, así como las limitaciones operativas que presentan algunas subestaciones, dificultando la incorporación plena de nueva generación al Sistema Interconectado Nacional.

De acuerdo con el gobernador, de no atender las alertas con medidas integrales, se generarían afectaciones sensibles a la prestación continua, eficiente y equitativa del servicio público esencial de energía eléctrica.

“Ante este contexto, y en ejercicio de la competencia que le otorgan los artículos 189 y 215 de la Constitución Política, solicitamos respetuosamente que se evalúe la pertinencia de declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica, con el fin de adoptar las medidas legislativas extraordinarias requeridas”, dijo Verano.

En la carta también explicó que, dichas medidas excepcionales se dictarían para garantizar el pago inmediato de las obligaciones pendientes con los agentes del sector eléctrico, la estabilización del flujo financiero del sistema, la protección de los usuarios y la seguridad en la operatividad del Sistema Interconectado Nacional.

“La energía eléctrica constituye el soporte transversal del aparato productivo, de la prestación de servicios esenciales como salud, agua potable, educación y conectividad, y del ejercicio efectivo de múltiples derechos fundamentales. Su interrupción, parcial o total, comprometería gravemente la vigencia del Estado social de derecho”, se lee en el documento.