Caso UNGRD: Fiscalía confirmó que Interpol expidió circular roja contra Carlos Ramón González
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, quien sería el cerebro del desfalco, se fugó a Nicaragua.
Carlos Ramón González | Foto: Presidencia de la República
La Fiscalía General de la Nación confirmó que la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), aprobó y publicó la notificación roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, supuesto cerebro del desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Desde el pasado 4 de julio, la Fiscalía solicitó a la Interpol que se expidiera la circular para rastrear al exdirector del Dapre.
Cabe recordar que la Fiscalía investiga a González, por su presunta participación en el entramado de corrupción que habría saqueado millonarios recursos de la UNGRD.
En medio de la audiencia que se realizó de manera virtual ante el Tribunal Superior de Bogotá, el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval, formalizó la imputación por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
“Usted, señor Carlos Ramón, solicitó a Olmedo de Jesús López Martínez, en ese momento director de la UNGRD, entregar contratos por $60.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y por $10.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle. La finalidad era obtener apoyo a los proyectos de ley del Gobierno en el Congreso”, afirmó el fiscal Sandoval.
El ente acusador también aseguró que, ante la premura con la que los congresistas exigían los recursos, González pidió a López modificar las entregas:
“Durante el mes de septiembre, usted le solicitó a Olmedo López variar la oferta a Iván Name por $3.000 millones en efectivo y a Andrés Calle por $1.000 millones en efectivo”, agregó el fiscal.
Los delitos imputados son: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Investigación patrimonial y rastreo de comunicaciones
Esta judicialización hace parte de la segunda fase del caso UNGRD, en el que la Fiscalía ha recopilado pruebas sobre posibles desvíos de recursos públicos. Desde comienzos de 2024, las fiscales Cristina Patiño y Andrea Muñoz ordenaron el rastreo de las cuentasbancarias de González, el análisis de reportes de la UIAF y el seguimiento a posibles adquisiciones de bienes, metales preciosos y movimientos notariales.
Uno de los ejes de la investigación ha sido la geolocalización del celular de González en momentos clave. La Fiscalía busca establecer si estuvo presente en una reunión del 21 de septiembre de 2023, en la Casa de Nariño, donde —según declaraciones de Olmedo López y la exconsejera presidencial Sandra Ortiz— se habrían acordado contratos dirigidos a favor de congresistas.
Asimismo, se revisaron comunicaciones con Olmedo López, especialmente las relacionadas con instrucciones para beneficiar al entonces presidente del Senado.
Defensa objeta legalidad de pruebas
La defensa de González apeló la legalización de algunas pruebas y cuestionó varios procedimientos:
“Mantenemos nuestra objeción respecto a la legalidadde ciertas actuaciones del proceso. En particular, cuestionamos la validez del informe relacionado con las empresas de telefonía, ya que los documentos eran ilegibles y no explicaban con claridad el procedimiento ni la información obtenida”, afirmó su abogado.
El pasado 15 de abril, el Tribunal Superior de Bogotá autorizó el rastreo de datos telefónicos del exdirector del Dapre. Con esta medida, la Fiscalía obtuvo acceso a registros de llamadas, mensajes, ubicaciones y otras comunicaciones del exfuncionario, que se suman al seguimiento financiero y migratorio ya en curso.
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Según las interceptaciones legales, González no solo habría sido determinador de los contratos irregulares, sino también un actor clave en el nombramiento de Olmedo López en la UNGRD, como parte de una estrategia para asegurar respaldo político a las reformas del Ejecutivo en el Congreso.
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