“La responsabilidad de exponer a menores recae en los grupos armados”: MinDefensa

El pasado 10 de noviembre, el Ejército adelantó una operación militar en contra de la estructura criminal GAO-r Facción ‘Mordisco’, la cual culminó con la neutralización de 26 integrantes de dicha organización, responsable de ataques extremadamente violentos y sistemáticos contra la población y las autoridades.

Tras la operación, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, informó que son 7 los menores que murieron en el bombardeo en Guaviare (cuatro niñas y tres niños).

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Una vez conocidos los resultados del Instituto Nacional de Medicina Legal, el Ministerio de Defensa lamentó que fueran identificados 7 adolescentes “reclutados y utilizados como combatientes ilegales en funciones continuas de combate.”

Aseguraron que gracias a la inserción de las tropas, se logró la recuperación con vida de 3 adolescentes más, quienes integraban el grupo criminal.

“La operación militar fue planeada y ejecutada con riguroso apego al Derecho Internacional Humanitario (DIH), respeto por los derechos humanos y la legislación nacional, incorporando todas las precauciones factibles para reducir riesgos a la población civil y a las personas protegidas. En aplicación cuidadosa de los principios de precaución, proporcionalidad, distinción, humanidad y necesidad militar del DIH, se valoraron todos los métodos, medios y capacidades disponibles de la Fuerza Pública para neutralizar esta inminente y grave amenaza, compuesta por más de un centenar de personas armadas con alto poder de combate”, informaron.

Según informaron la decisión de proceder con un apoyo aéreo cercano a la tropa, que incluyó el empleo de bombardeo, para proteger a 20 militares se fundamentó en información de inteligencia que advertía sobre un riesgo extremo para la población civil y para los uniformados.

“Ante la inminencia y severidad de la amenaza, la intervención resultó necesaria, proporcionada y orientada a la protección de vidas humanas, en cumplimiento del deber constitucional de garantizar la seguridad de las comunidades y de los miembros de la Fuerza Pública. De no haber sido por la rápida y oportuna intervención, hoy tal vez el país entero-y las familias de estos valientes militares— estaríamos lamentando un atentado terrorista contra las tropas que, día y noche, trabajan por la seguridad y el bienestar del departamento del Guaviare. Gracias a esta decisión, nuestros militares y policías sienten además, que el Estado colombiano los respalda”, dijeron.

Recordaron que esta facción criminal es responsable de múltiples y graves violaciones al DIH y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el oriente y suroriente del país.

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La operación fue focalizada principalmente contra los siguientes cabecillas:

• Alias ‘Pescado’, hombre de confianza de ‘Mordisco’ y cabecilla principal de la Estructura Criminal Martín Villa, responsable de terrorismo y ataques a la población en Arauca, y de proyectar y ampliar las mismas en Meta, Guaviare y Vichada.
• Alias ‘Jimmy Martínez’, cabecilla principal de la Estructura Criminal

Primera, señalado de ataques sistemáticos contra la población civil, ataques con drones a la vivienda del alcalde de Calamar y la desaparición y posterior asesinato de ocho líderes religiosos.

El ministerio dijo que la responsabilidad de exponer a los menores al riesgo de las hostilidades recae “única y exclusivamente en los grupos armados ilegales que los reclutan, utilizan y obligan a desempeñar roles de combate, en abierta violación del DIH y del interés superior de la niñez.”

También expresaron la solidaridad con las familias de los menores fallecidos.