Internacional

Starmer dio a Abramovich ultimátum para entregar a Ucrania ingresos por venta del Chelsea

Los ingresos obtenidos por la venta del Chelsea, inicialmente destinados a la recuperación de Ucrania, terminaron en una cuenta bancaria del magnate ruso.

Keir Starmer y Roman Abramovich. FOTOS: Wiktor Szymanowicz y Clive Mason/Getty Images

Keir Starmer y Roman Abramovich. FOTOS: Wiktor Szymanowicz y Clive Mason/Getty Images

El primer ministro británico, Keir Starmer, amenazó este miércoles 17 de diciembre al oligarca ruso Roman Abramovich con llevarlo a los tribunales si no cumple su palabra de entregar los 2.850 millones de euros de la venta del Chelsea a los ucranianos.

“Este es mi mensaje para el señor Abramovich: el tiempo se agota. Cumpla los compromisos que usted adoptó y pague ahora. De lo contrario, estamos listos para ir a tribunales, para que cada penique llegue a quienes se han visto destrozados por la guerra ilegal de Putin”, dijo hoy Starmer en la Cámara de los Comunes.

Starmer dijo que su gobierno ha emitido “una licencia” para transferir esos 2.500 millones de libras, que fue el monto obtenido por Abramovich por la venta del Chelsea en 2022, una venta llevada a cabo por presiones del gobierno británico de entonces tras la invasión rusa de Ucrania.

Aunque la condición para la venta fue que los ingresos se destinaran a las víctimas de la guerra en Ucrania, los 2.500 millones fueron a parar a una cuenta en un banco británico a nombre de Fordstam, una de las compañías del magnate ruso.

Abramovich no se encuentra en el Reino Unido, sino que reside a caballo entre Turquía e Israel, según han recogido medios británicos, que describen una vida de lujos y caprichos.

El ultimátum a Abramovich se produce en un momento en que las naciones europeas debaten la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados en bancos del continente (210.000 millones de euros), sobre todo en bancos belgas, para ayudar a un gobierno ucraniano en apuros financieros por la guerra.

El desbloqueo de esos fondos rusos no parece una decisión fácil, al faltar una base legal clara para llevarlo a cabo y contar con las reticencias de varios de los países de la Unión Europea.

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