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Alerta por banda de secuestradores que buscan llegar a la JEP

Fuentes de ese organismo aseguraron que el tema ya está siendo revisado y que no se permitirá que miembros de delincuencia común se quieran 'colar' en la JEP.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

El 28 de octubre del 2009, ocho hombres fuertemente armados llegaron a la finca del empresario Jairo Gómez, en el Cesar, y se lo llevaron a la fuerza en su propio vehículo hacia zona rural de Ocaña Norte de Santander. "Estuvo en cautiverio amarrado con una cadena de hierro a uno de sus pies a un árbol condiciones en las que permaneció durante 89 días".

El 24 de enero del 2010, el Gaula de la Policía Nacional logró su liberación tras meses de investigación que realizó conjuntamente con la Fiscalía.

Las autoridades determinaron que el secuestro fue ejecutado por "un grupo de delincuencia común, con fines económicos, quienes exigían una millonaria suma de dinero por su liberación".

De la mano de las autoridades, el empresario se dio a la tarea de apoyar e  impulsar las investigaciones para dar con la captura tanto de los autores materiales como intelectuales del secuestro.

Las exhaustivas investigaciones permitieron que cada uno de los responsables del secuestro fuera capturado por el Gaula de la Policía.  Ante la contundencia de las pruebas, algunos de ellos fueron aceptando su responsabilidad, terminaron colaborando con las autoridades y recibieron duras condenas por parte de los jueces.

Alberto Vega, alias Beto', condenado a 31 años de prisión, aceptó cargos; Jonel Darío Sánchez, alias 'Joel', condenado a 18 años de prisión, realizó acuerdos con la Fiscalía; Ramón Jesús Ramírez, alias ‘Ramón’, 46 años de prisión; y Joel Antonio Rodríguez, alias 'el mico', 28 años de prisión, también hizo acuerdos de colaboración con la Fiscalía.

Todas estas capturas y colaboraciones permitieron a los investigadores llegar al jefe de la banda, Luis Hernando Quintero Gutiérrez, alias 'caja grande o córdoba´, quien fue capturado, juzgado y condenado. Un juez lo encontró responsable del secuestro del empresario y lo sentenció a 41 años y 6 meses de prisión.

Ahora, según denuncias presentadas y conocidas por la W, esta banda de secuestradores, en cabeza de Quintero,  al parecer, estaría haciendo trámites y gestiones para que sean incluidos en la Jurisdicción Especial para la Paz, aduciendo que pertenecen a grupos guerrilleros.

De esta manera, lo que estarían buscando es prácticamente que sean incluidos para poder recobrar su libertad casi que de manera inmediata.

Sin embargo, las alarmas se prendieron en distintas instancias judiciales, incluida la propia Jep.

Fuentes de ese organismo aseguraron que el tema ya está siendo revisado con lupa y que no se permitirá que miembros de delincuencia común, incluida esta banda de secuestradores, se quieran 'colar' y obtener beneficios a través de esta justicia especial.

Precisamente, en carta enviada en junio pasado a la magistrada Patricia Linares, presidenta de la Jep,  el empresario Jairo Gómez dice lo siguiente: "Aporto todos los antecedentes desde el inicio de la investigación penal, como las pruebas obrantes en el proceso penal que condenó a esta persona (Luis Hernando Quintero) por un delito común, las certificaciones de la Fiscalía, que mi secuestro Nada tuvo que ver con el conflicto armado interno, que No hubo injerencia de las Farc, que fue ejecutado por DELINCUENCIA COMÚN, las providencias de las autoridades judiciales, juez de Valledupar, donde niega en primera instancia y en sede de reposición la libertad condicionada a Luis Hernando Quintero, al igual que la Negación que hace el Tribunal de Valledupar donde confirma que NO tiene derecho a los beneficios de la ley 1820 de 2016, la NEGACIÓN  en sede de habeas corpus de la libertad condicional por el juzgado de  ejecución de penas y garantías”.

Vigilancia especial de la Procuraduría  

Con base en las decisiones judiciales,  el empresario solicitó a la Jep "que se rechace de plano cualquier tipo de solicitud que se presente con pretensión de libertad a esta persona, por No cumplir con ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 17 de la ley 1820. He presentado ante la OACP (Oficina Alto Comisionado para la Paz) las decisiones judiciales que se tomaron con respecto al otro delincuente integrante de la misma banda que me secuestro, Alberto Vega, condenado a 31 años de prisión, por los mismos hechos que Luis Hernando Quintero siendo condenado a 41 años y quien fuese INCLUIDO DE MANERA FRAUDULENTA en los listados presentados por las Farc".

Ante estas alertas y todo lo que se podría venir en el proceso contra esta banda de secuestradores, la Procuraduría General de la Nación, en un oficio fechado el pasado 22 de octubre,   se pronunció y dice lo siguiente : " sobre el posible ingreso e inclusión de Luis Hernando Quintero, Alberto Vega, Jonel Sánchez, Ramón Jesús Ramírez, y Joel Antonio Rodríguez, a la Jurisdicción Especial para la Paz, así como el otorgamiento de los beneficios contemplados en la ley 1820 de 2016, esta delegada en ejercicio de sus facultades y funciones ante dicha jurisdicción, realizará seguimientos a los casos o procesos que pudieran estar radicados allí y que se encuentren relacionados con las personas referidas".

En medio de esta batalla jurídica, el empresario Gómez también tocó las puertas y advirtió de lo que podía llegar a suceder con esta banda de secuestradores enviando oficios al propio procurador General, Fernando Carrillo; al fiscal general, Néstor Humberto Martínez; a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez; y al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

En las comunicaciones, Gómez advierte que es "reiterativo ante las pretensiones de éste delincuente común (Luis Hernando Quintero) de querer ´colarse' en la Jurisdicción Especial para la Paz, y obtener los beneficios de la ley 1820 y ENGAÑAR  a la justicia" .

Las denuncias también  han llegado a la Comisión de Seguimiento y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz. 

Precisamente, Gómez llama la atención a las autoridades y se pregunta por qué Luis Hernando Quintero fue incluido en los listados de las Farc. 

Dice los siguiente en sus denuncias: "Las peticiones que he elevado ante las diferentes autoridades comprometidas en este proceso de paz, No han resuelto de fondo mis solicitudes como víctima, ya que Luis Hernando Quintero no ha sido excluido de los listados de las Farc, lo cual le mantiene la opción de ser acreditado como guerrillero de las Farc y presentado ante este Tribunal ( Jep) como beneficiario de la ley 1820, sin cumplir con los requisitos legales, de cuya eventual presentación prevengo a este alto Tribunal lo mismo que  el resto de los integrantes de la banda, los cuales han sido condenados por los mismos hechos del secuestro ".

Según fuentes consultadas en la Fiscalía y en el Gaula, se pudo determinar que en los más de 8 años de investigaciones y juzgamientos por el secuestro de Gómez, siempre se identificaron y judicializaron a los responsables del plagio como miembros de una banda de secuestradores, pero nunca se habló que se pertenecieran a un grupo guerrillero sino de un grupo de delincuencia común "por esto resulta incomprensible e ilegal que busquen acogerse a la Jep, se aprovechen de las negociaciones del proceso de paz y traten ahora de aducir que son miembros de ese grupo subversivo, cuando nunca fue así, como está consignado en los cientos de folios de las sentencias judiciales". 

Un traslado irregular 

En medio de todas estas denuncias sucedió un caso en particular.  Alberto Vega, uno de los miembros de la banda, logró ser incluido en los listados de la guerrilla y un juez ordenó su traslado a la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Mesetas, Meta. Sin embargo, en una revisión la justicia detectó que Vega había sido excluido por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de estos beneficios y por ello  ordenó que lo trasladaran de esa Zona Veredal hacia la penitenciaría La Tramacua en Valledupar.