Amanezca bien informado con La W este 12 de febrero

Gobierno aprueba política pública para reactivar la economía en los próximos seis años

El director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, anunció la aprobación del Conpes "Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia".

Esta política incluye cinco compromisos a favor del empleo, el crecimiento limpio, los sectores más pobres, el sector rural y la salud.

Entre las metas está crear más de dos millones de empleos, destinar dos billones de pesos a la financiación del acceso a las TIC en 10.000 zonas rurales y apartadas, e invertir cerca de cuatro billones de pesos en la financiación de 80 proyectos para el campo y la paz con legalidad.

“El Conpes busca que la economía crezca incluso por encima de lo que estaba creciendo antes de la pandemia. Desde el Marco Fiscal de Mediano Plazo hablábamos de que este año volveremos con cada una de las acciones que estamos ejecutando desde que llegó la pandemia y desde que el presidente el 20 de julio del año pasado propuso el Compromiso por Colombia volver a tasas cercanas al 5%”, dijo Rodríguez.

En cuanto al apoyo a las micro y pequeñas empresas, el Conpes contempla una estrategia integral para facilitar el acceso a las compras públicas, una línea de crédito directo hasta por $2.500 millones para pequeñas y medianas compañías hasta con tres años de plazo, y un programa de asistencia técnica para que puedan cumplir estándares de calidad en mercados destino.

La ejecución de los recursos también busca garantizar la vacunación de 35 millones de colombianos contra el COVID-19 y detener el incremento de la pobreza de las familias a causa de la pandemia.

Colombia registra 6.294 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 56.983

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.179.641 casos de COVID-19, con 6.294 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 56.983, con 250 fallecidos.

Los recuperados ya son 2.065.209. Se procesaron 61.161 pruebas (PCR: 38.390 y Antígenos: 22.771).

Hasta la fecha 2.065.209 personas han superado la enfermedad, es decir el 94% de los casos, mientras que 51.082 personas continúan con el virus activo, lo que representa el 2.5%.

Claudia López le propuso al Gobierno cambiar los protocolos de bioseguridad

Hacer énfasis en el uso correcto del tapabocas, en la ventilación constante de sitios cerrados y evitar reuniones en esos espacios en vez de enfocarse en toma de temperatura, entre otras medidas contra el covid-19, propuso la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al Gobierno Nacional.

La mandataria indicó que según estudios realizados por el Distrito se pudo evidenciar que con ese tipo de acciones podrían evitarse contagios de coronavirus y así una tercera ola epidemiológica, pero es necesario que los protocolos sean modificados por el Ministerio de Salud.

"Por eso le estamos solicitando con sustentación en la evidencia que hemos encontrado en Bogotá, al señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, que en las normas del nivel nacional de protocolos de bioseguridad nos concentremos en estos tres detalles", agregó.

Estos son "las recomendaciones sobre ventilación, las recomendaciones de uso correcto tapaboca y sobre no hacer reuniones en sitios cerrados. Y que nos enfoquemos en eso en vez de estar enfocados en la toma de temperatura, los tapetes y los registros".

Por esta razón, la Alcaldesa lanzó la campaña "Detalles que salvan", con la que busca promover esos tres ítems en la cultura ciudadana y en el cuidado contra el covid-19, afirmando que de esto dependerán nuevas olas epidemiológicas.

También le envió una solicitud formal al ministro Ruiz para que se realicen los cambios en las normas nacionales, en donde le explicó cómo se realizaron los análisis para formular las recomendaciones que allí propuso.

Al respecto de un tercer pico de contagio, Claudia López puntualizó que la ciudad no está condenada a tenerlo y que la situación dependerá del autocuidado que implementen los ciudadanos y del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Duque se reunió con José Miguel Vivanco para conocer su preocupante informe sobre líderes

El presidente Iván Duque recibió al director de Human Rights Watch para conocer sus preocupaciones y sugerencias frente a la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El Gobierno se mostró respetuoso frente a los hallazgos, aunque se mantuvo en que sí ha cumplido a través de una política pública de seguridad.

Además, ratificó su compromiso para seguir fortaleciendo la protección y la lucha contra los grupos armados organizados.

Por su parte, la Unidad Nacional de Protección le aseguró a W Radio que el presupuesto de la entidad ha incrementado y que este año es de $1 billón para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Incluso, resaltó que la unidad activó el programa ‘UNP en territorio’ para conocer las condiciones de los líderes sociales y actuar oportunamente en caso de que sean víctimas de amenazas.

Santos acepta la reunión con Duque propuesta por 'Timochenko'

En respuesta a una carta de Rodrigo Londoño, el expresidente Juan Manuel Santos hizo duras críticas a la implementación de los acuerdos de paz por parte del gobierno del presidente Duque y aseguró que el asesinato de líderes sociales se debe “Entre las múltiples fallas, vacíos en incumplimientos en la implementación de los acuerdos de paz lo más preocupante, sin duda, son los asesinatos de los exguerrilleros de las Farc y de los líderes sociales. Y no es culpa de los acuerdos, como algunos han querido insinuar, sino su falta de implementación que está a cargo de los gobiernos de turno", aseguró el expresidente.

El expresidente reiteró su compromiso con el proceso de paz y dijo que, aunque sus relaciones relación el presidente Duque "no son las mejores" estaría dispuesto a reunirse con él para hablar sobre el proceso de paz, tal y como lo pidió el presidente del Partido Comunes.

"Basta una señal del Palacio de Nariño para proceder a solicitar la reunión formalmente por los conductos regulares", aseguró Santos, quien planteó la posibilidad de asistir a esa reunión con los exnegociadores Humberto de la Calle y el general Oscar Naranjo.

Santos concluye la carta asegurando que la negociación con las Farc se dio en medio de la guerra y que por esa razón no hubiera sido "antietico" el atentado que según Londoño iban a hacer contra la vida del expresidente, así como él autorizó un operativo contra el entonces comandante de las Farc 'Alfonso Cano'.

Centro de Memoria Histórica señaló que bases de datos de víctimas son de acceso público

Al conocerse que una usuaria de Twitter subió un video con un listado de víctimas de las Farc proporcionada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (generando rechazo y preocupación en otros usuarios) la entidad respondió y señaló que las bases de datos de las víctimas del conflicto son de público acceso en el sitio del observatorio de memoria en la página web de la entidad.

"...la información bajo posesión o custodia del CNMH se presume pública y en consecuencia nos asiste el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de distintos medios y procedimientos en un marco de transparencia y eficiencia", indicó la entidad.

Eso sí, aclararon que allí se protegen datos sensibles de las víctimas como su teléfono, su dirección, así como el origen étnico, posición política, temas de salud o sexuales. Además, indicaron que cuando se responde una solicitud de un ciudadano o cualquier entidad se entrega la información con base en esos parámetros.

"La información que es entregada a quienes la solicitan, se da conforme a las solicitudes allegadas y lo que estipula en esta materia el marco normativo vigente colombiano, lo cual en todos los casos permite contribuir a la verdad, la justicia y la no repetición" señaló la entidad.

No se recibió información adicional de Cuba sobre posible atentado del ELN: Claudia Blum

La canciller Claudia Blum y el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverri, se reunieron con el embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, para conocer más detalles de su alerta por el atentado que estaría planeando el Frente de Guerra Oriental del ELN en Bogotá.

La ministra aseguró que, a pesar de la insistencia del Gobierno para conocer información adicional de la denuncia, el diplomático no la entregó.

Sin embargo, Blum le advirtió a su homólogo cubano que jefes del ELN que están en la isla están ejecutando acciones terroristas en Colombia.

“Colombia ratificó que los miembros del Comando Central del ELN, que se encuentran en Cuba, son responsables de la ejecución de directrices emitidas por la dirección nacional, y de las conclusiones del quinto congreso de esa organización, que incluyen acciones de alto impacto y terrorismo en centros urbanos”, señaló.

Igualmente, reiteró la necesidad de una respuesta favorable a las solicitudes de extradición contra los cabecillas que están en Cuba e informó que le enviará una nueva comunicación diplomática a la Cancillería de ese país.

En la reunión también participó el ministro de Defensa, el consejero presidencial para la Seguridad Nacional y el alto comisionado para La Paz.

Proponen que en la reforma tributaria se acabe con las altas consejerías presidenciales

Gabriel Santos, representante a la Cámara del Centro Democrático, propuso que en el marco de la reforma tributaria que presentará al Congreso de la República se incluya la eliminación de las altas consejerías presidenciales.

El congresista aseguró que, si se va a presentar una reforma que afectará a los colombianos, el Gobierno debe dar un ejemplo de austeridad.

"No vería por qué un gobierno elegido con unas tesis específicas, una de ellas siendo el estado austero, nos vaya a rechazar esta propuesta para racionalizar el gasto. No más recortes cosméticos e inanes. Estado austero de verdad ya", aseguró Santos.

Santos había planteado su molestia con el Gobierno por la falta de socialización de la reforma con los distintos sectores políticos.

"De la manera en la que el gobierno informó a los congresistas sobre una nueva reforma tributaria solo puedo pensar que ya tienen el resultado en el bolsillo y no tienen interés de discutir soluciones reales a la trágica situación que viven millones de colombianos", añadió.

Francisco Maltés Tello, nuevo presidente de la Central Unitaria de Trabajadores

Este jueves el Comité ejecutivo de la CUT nombró como nuevo presidente de la agremiación sindical al dirigente Luis Francisco Maltés Tello, quien venía desempeñándose como director del Departamento de relaciones con los rectores sociales.

Diógenes Orjuela, quien venía ejerciendo como presidente nacional, asumirá el cargo de secretario general.

Por otra parte, los directores de los Departamentos de Tesorería y Comunicaciones, que venían siendo liderados por Carlos Rico y Elías Fonseca, serán reemplazados, tras su renuncia al Comité Ejecutivo de la CUT, por Humberto López Narváez y Jairo Arenas, respectivamente.

La dirección del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente estará a cargo de Victoria Avendaño Pedrozo y la dirección del Departamento de Relaciones con los sectores sociales a cargo de Édgar Mojica Vanegas.

Maltés es economista, magíster en ciencias políticas, especialista en alta gerencia, dirigente sindical estatal desde hace 40 años. Fue presidente de Sindistritales; tesorero de la subdirectiva CUT Bogotá- Cundinamarca; en la CUT nacional ha ocupado los cargos de secretario de Comunicaciones, tesorero, director de proyectos y director del Departamento de los sectores sociales.

Ha liderado los cuatro procesos de negociación nacional estatal.

"Su proyección al frente de la CUT será el cumplimiento de las decisiones del VII Congreso Nacional Ordinario de la CUT realizado en mayo de 2019, las decisiones de la Junta Nacional, el fortalecimiento de la Central, la oposición a las políticas del Gobierno de Duque y contribuir a la conformación de un frente amplio sin exclusiones de cara a las elecciones del 2022, que sea alternativa de poder", resaltó la agremiación.

Sin acuerdo terminó reunión entre Mintransporte y transportadores de carga por el alza de peajes

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se reunió con agremiaciones del transporte de carga, para abordar diferentes temáticas, entre ellas las alzas en los costos de los peajes donde los camioneros le han solicitado al Gobierno Nacional controlar estos incrementos, teniendo en cuenta que aún el país sigue soportando las consecuencias de la pandemia.

Sin embargo, algunos de los gremios que participaron de las mesas de trabajo manifestaron su inconformismo ante la falta de soluciones y señalaron que se mantendrán en asamblea permanente y seguirán adelante con las diferentes actividades que se han propuesto, entre ellas una movilización camionera que está programada para el próximo lunes 15 de febrero.  

Frente a los peajes de las vías concesionadas, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicó que, "cuando inició esta administración ya había 29 contratos de concesión firmados entre 2014 y 2017, pertenecientes al programa de Cuarta Generación de Concesiones (4G), que ya tenían fijados los montos y los momentos de incremento de los peajes".

Sin embargo, aseguraron que, "en atención a la preocupación de este Gobierno por los transportadores, se ha venido trabajando para encontrar soluciones para el sector en los casos puntuales donde hay incrementos por encima del IPC". 

En el caso de los tres peajes que existen en la vía Bogotá-Villavicencio, la ANI señaló que "el incremento en la tarifa fue suspendido, y se estima que cuando finalmente se haga, solamente será del 3% y no del 7,8%". Por otro lado, en el peaje de La Pintada, en Antioquia, parte del proyecto Pacífico 2, los incrementos previstos fueron suspendidos de manera transitoria, "sin afectar el equilibrio económico del contrato de concesión, y con el objeto de atender las observaciones de la comunidad y el sector transportador".

En los otros tres peajes donde se presentó un aumento superior al IPC (Calamar, en el proyecto Puerta de Hierro-Cruz del Viso; Machetá, en la autopista Transversal del Sisga, y Lizama, en el corredor Bucaramanga-Barranca-Yondó), la ANI aseguró que "se establecieron tarifas diferenciales para los residentes en las áreas de influencia de los proyectos. Esto también se definió para la nueva estación de peaje Armero, ubicada en el Líbano (Tolima), y que pertenece al proyecto 4G Cambao–Manizales". 

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, manifestó que se mantendrán mesas de trabajo con el sector para avanzar en los distintos temas.

CNE archiva expediente contra Gustavo Petro por videos en los que aparecía recibiendo dinero

El Consejo Nacional Electoral decidió archivar el expediente contra el senador Gustavo Petro por el video revelado por la senadora Paloma Valencia, en el que se puede ver al senador de Colombia Humana recibiendo un dinero de Juan Carlos Montes.

El tribunal concluyó, con base en declaraciones de Montes, que el dinero entregado correspondía "a la financiación de una de dos campañas electorales que se llevarían a cabo entre los años 2005 y 2006", por lo que caducó la facultad sancionatoria.

"Es evidente entonces, que frente al presente caso se ha producido el fenómeno jurídico de la caducidad, toda vez que desde la ocurrencia de los hechos a la fecha han transcurrido más de 15 años", señaló el tribunal.

El CNE tampoco encontró irregularidad algún respecto "al debido reporte de los dos pagarés en lo concerniente a la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Francisco Petro Urrego para el periodo 2018-2022".

Juez otorgó prisión domiciliaria al exsenador Otto Bula

Un juez de Bogotá le otorgó la casa por cárcel a Otto Bula, uno de los implicados y a la vez testigo del escándalo de Odebrecht.

Bula, uno de los denominados “bulldozer” encargados de tramitar millonarios contratos de infraestructura a cambio de coimas de la multinacional brasilera, es uno de los principales testigos de la Fiscalía General de la Nación en el proceso judicial.

Bula se encontraba detenido desde 17 de enero de 2017 en la cárcel La Picota de Bogotá.

El juzgado 15 de ejecución de penas de Bogotá le concedió ese beneficio tras el pago de una caución.  En la pena se fijó una caución de 35 salarios mínimos el pago que tendrá que hacer el excongresista condenado por el caso Odebrecht.

Bula fue capturado en enero de 2017 y fue condenado a 5,5 años de prisión gracias a un preacuerdo con la Fiscalía.

También había recibido una pena de dos años de cárcel por el soborno que entregó al exfiscal Rodrigo Aldana.

A revisión tutela con la que Luis Alfredo Ramos logró cambiar a magistrado de su caso

La Corte Constitucional seleccionó para estudio la tutela que interpuso el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, con la cual logró que se cambiara al ponente de la Sala de Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, en la investigación en su contra por presunta 'parapolítica'.

La orden de cambio de ponente la dio la extinta y cuestionada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se hizo luego de que se filtrara a los medios de comunicación el sentido de fallo contra Ramos.

En octubre de 2020, el fallo de la Sala Disciplinaria apartó del caso al magistrado de la Sala de juzgamiento, Ariel Torres, lo que llevó a que la Corte Suprema de Justicia emitiera un comunicado en el que cuestionó la decisión.

La ponencia que se filtró proyectaba una condena contra Ramos de hasta 19 años de prisión, por el escándalo de la 'parapolítica' y al parecer lo señalaba de haber recibido dineros de procedencia ilegal para sus campañas políticas.

En 2018, un medio de comunicación publicó la primera ponencia contra Ramos en el proceso. En ese entonces, la ponencia la proyectó el magistrado Eyder Patiño de la Sala Penal de la Corte Suprema, cuando aún no se habían creado las salas de primera instancia.

Esa ponencia, según ese noticiero, proyectaba una condena de nueve años de prisión contra el exgobernador.  En esa ocasión, el espacio informativo enfrentó una tutela de Ramos, por revelar el sentido de fallo, a lo cual la Corte Constitucional falló a favor del medio y resolvió que no se podía afectar el derecho a la información.

Ahora la Corte decide revisar la nueva tutela de Ramos con la que logró cambiar al ponente de su caso por “posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional”.

Patrullero de la Policía que disparó contra un civil en protestas continuará en libertad

Un juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al patrullero de la Policía de Bogotá Andrés Díaz por el asesinato de una persona durante la jornada de protestas del 9 de septiembre de 2020.

Se trata del caso del homicidio de Germán Puentes en las inmediaciones del CAI Suba. En este proceso, la representación de víctimas aseguró que el policía disparó en 21 oportunidades contra los manifestantes y uno de esos disparos impactó al ahora fallecido.

“Disparó en 21 oportunidades, aun cuando no lo podía hacer, en un escenario de protesta social con la intención clara y evidente de causar la muerte, que en este caso únicamente concretó respecto del ciudadano Germán Puentes Valero, es decir no se trata de un resultado eventual o aleatorio”, señaló la representación de víctimas.

La Fiscalía pidió que el patrullero se presente periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe.

Cabe recordar que el homicidio se dio durante las jornadas de protestas en Bogotá por el crimen del abogado Javier Ordoñez en un CAI.

Fiscalía acusó al gobernador de Putumayo por presuntas irregularidades

Ante un magistrado de la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al gobernador de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

La investigación da cuenta de presuntas irregularidades en las fases precontractual, de ejecución y liquidación del contrato 547 del 1 de abril de año 2020, que dispuso la compra de 10 ambulancias medicalizadas al amparo de un decreto de calamidad pública expedido para atender las necesidades ocasionadas por el COVID-19.

El valor inicial del contrato ascendió a 3.460 millones de pesos. Sin embargo, luego de las advertencias de la Contraloría General de la República se fijó en 2.876 millones de pesos, con plazo de ejecución de un mes y un anticipo del 50%.

Durante la audiencia de acusación, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia reveló varias de las supuestas inconsistencias detectadas.

Corte estudiará tutela de acoso sexual en la Universidad Distrital

La Sala Plena de la Corte Constitucional revisará la acción de tutela fue presentada por estudiantes en contra de la Universidad Distrital por presuntos actos de negligencia para enfrentar una problemática de presunto acoso sexual a mujeres por parte de un profesor.

Los demandantes consideran que las autoridades, así como las de la universidad, han sido renuentes a la hora de iniciar los trámites respecto a las quejas presentadas por parte de los estudiantes. Mientras que las entidades demandadas señalan que, las demoras en la adopción de medidas disciplinarias contra el presunto agresor se dan por la necesidad de garantizar la transparencia en el proceso.

La tutela acaba de ser admitida por la Corte Constitucional para su estudio, fue interpuesta por los estudiantes contra la Universidad se exponen a las siguientes entidades: “La Universidad Francisco José De Caldas, el señor Carlos Antonio Julio Arrieta, el Ministerio de Educación, la Fiscalía General de la Nación, y la Personería de Bogotá, con ocasión de la presunta vulneración de los derechos a la integridad física, psíquica y moral, a la igualdad y la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso y a la educación de las accionantes”.

También enfatiza en la responsabilidad de la Universidad Distrital con los estudiantes. “Por otro lado, la universidad tenía la obligación de investigar los actos denunciados, sancionar en caso de encontrar responsable al profesor, y proteger a las estudiantes durante todo el proceso. Sin embargo, a pesar de múltiples denuncias y del conocimiento público del comportamiento del profesor, aún no cursa ningún tipo de investigación disciplinaria ni penal en su contra, ni existe un acompañamiento a las denunciantes".

Se realizó marcha en Cali para rechazar la ola de violencia en Buenaventura

Integrantes de movimientos sociales de Cali se movilizaron este jueves para rechazar el fenómeno de violencia e inseguridad que se registra en el puerto de Buenaventura, el cual ha generado homicidios y desplazamiento forzado. 

La marcha denominada 'Nos cansamos ya' inició en el Parque de las Banderas y finalizó en la Plazoleta San Francisco de la Gobernación del Valle del Cauca y tuvo la asistencia de más de 300 personas.

Los asistentes pidieron soluciones, por parte del Gobierno Nacional, para superar la crisis y que Buenaventura tenga inversión en educación y cultura, porque el Distrito está siendo afectado por los constantes enfrentamientos de bandas criminales.

También denunciaron que los habitantes no han tenido la suficiente atención, por parte del Estado, para que regresen la paz y tranquilidad. “Tenemos un compromiso de solidaridad con los habitantes de Buenaventura que son vallecaucanos para que sea inspiración en el país y de esta manera reclamar justicia. Las autoridades están más interesadas en proteger la mercancía del puerto que a la población”, dijo Alfredo Social, líder social.

Entre tanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó que la situación de desplazamiento de habitantes de Buenaventura a la ciudad es preocupante, por esta razón deberán tener una acción interinstitucional del Estado para dar soluciones.

“Si Cali ha soportado a más de 60.000 personas que han llegado de Venezuela tiene que ser capaz de darle el apoyo a los bonaverenses en este duro momento”, aseguró el mandatario.

De acuerdo con información entregada por la Personería de la capital vallecaucana, más de 250 habitantes del puerto han llegado a Cali a buscar protección de las autoridades.

Unidad de Víctimas acompañará retorno de quiénes salieron desplazados de Buenaventura

El director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, visitó Buenaventura ante la crisis que vive el distrito por el recrudecimiento de la violencia que ha causado el desplazamiento masivo de familias.

Señaló que desde la entidad orientarán y acompañarán a las víctimas para que retornen a sus hogares garantizando su seguridad, atención en salud y educación para los menores. 

"Con las víctimas propiciamos los retornos de emergencia, que las víctimas puedan volver a sus territorios y por eso es fundamental trabajar de la mano con la fuerza pública y las otras entidades garantizando acciones de salud, que los niños vuelvan al colegio y puedan ejercer sus derechos en Buenaventura", señaló el funcionario.

Durante el Comité de Justicia Transicional, la Unidad de Víctimas revisó el censo adelantado por la Personería, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Provincial, para consolidar las declaraciones que de manera masiva se han tomado.

Tras la reunión, se estableció que los días 17, 21 25 y 27 de febrero, se desarrollarán cuatro jornadas integrales de atención a las víctimas del conflicto armado en Buenaventura.

Alcaldía de Medellín entregó computadores para evitar deserción escolar en la región

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, entregó tres mil computadores a seis instituciones de educación superior adscritas a la Administración Municipal y a la Gobernación de Antioquia: Colegio Mayor, ITM, Pascual Bravo, Tecnológico de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la I. U. Digital.

Los equipos serán destinados a alumnos previamente priorizados, quienes por sus condiciones socioeconómicas no contaban con esta herramienta de trabajo, lo que fortalecerá la permanencia educativa y mitigará el riesgo de deserción escolar.

Adicionalmente, cada uno recibirá una tarjeta sim card para garantizar su acceso a Internet. Los rectores se encargarán de que estos recursos cumplan su función social y sirvan estrictamente para la inclusión y el aprendizaje.

La Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, aportó la mayor parte y se articuló con el sector privado con la Andi, Capítulo Antioquia que donó 500 de ellos.

Por crisis financiera, tarifa del Metro de Medellín podría aumentar 500 pesos

A propósito de la solicitud que hizo el Metro de Medellín para suspender temporalmente el pago de la deuda con el Estado, el alcalde Daniel Quintero Calle, advirtió que, si no se recurre a este mecanismo, es probable que se deba incrementar el pasaje del sistema de transporte en 500 pesos.

El mandatario local explicó que las cuarentenas ordenadas para contener la velocidad de los contagios con coronavirus, desencadenaron en una crisis financiera para el Metro qué pasó de movilizar en promedio a 1.3 millones de personas cada día, a transportar 700.000 en ese mismo período.

Quintero dijo que “la deuda corresponde a la construcción de la primera línea del Metro. La ciudad ha venido pagando eso a una tasa más acelerada de la que se esperaba y por eso podemos decirle con tranquilidad al gobierno nacional que nos aplace por un año el pago de esa deuda”.

Para evitar este incremento en las tarifas, es necesario congelar el pago de la deuda, lo que permitirá una inyección anual de 80.000 millones de pesos.

Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín, aseguró que con estos ingresos se podrían soportar algunos gastos de operación, por lo menos hasta llegar a un punto de equilibrio. Aseguró que “tendríamos la cantidad suficiente para llenar el hueco que tenemos. Esto quiere decir que la suspensión la estaríamos tramitando por lo menos por tres años”.

Pese a que los municipios del Área Metropolitana fueron de los primeros en iniciar la reapertura gradual de la economía y a que se permitió un leve incremento en el porcentaje de ocupación, hoy el Metro tiene 49% menos ingresos que antes de la pandemia.

Durante el 2020, las pérdidas del sistema de transporte fueron superiores a los 355.000 millones de pesos, parte de ese desajuste se pudo solventar con ahorros, austeridad y créditos.

Un viajero frecuente paga $2.430 por el uso de alguno de los medios de transporte: Metro, Metrocable, tranvía, alimentador o Metroplus. Las tarifas varían dependiendo del perfil de la tarjeta cívica y de los transbordos que se hagan entre distintos medios del sistema.

Denuncian incremento de acciones delincuenciales entre Cauca y Huila

Las acciones delincuenciales en la vía nacional que comunica a los departamentos de Cauca y Huila por la ruta San José de Isnos – Popayán se han incrementado, de acuerdo a las denuncias de los usuarios que a diario deben transitar por este corredor.

El tramo más complicado es el que comunica al sector de Paletará con el puente de Mazamorras, en jurisdicción del municipio de Puracé, donde la ausencia de los organismos de seguridad es aprovechada por grupos armados y bandas delincuenciales.

Robert Molina, coordinador de la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, dijo que, ante este tipo de situaciones, se inició una labor conjunta con las comunidades de la zona para mejorar las condiciones de seguridad.

El dirigente señaló que las autoridades ancestrales han recibido amenazas cuando deciden enfrentar el accionar de estas estructuras, pero ratificó que se trata de un ejercicio legítimo por lo que intensificarán los controles territoriales.

“No nos vamos a dejar intimidar por los actores armados que vienen a desarmonizar nuestros territorios, es un mandato que tiene el respaldo de nuestra comunidad y seguiremos fortaleciendo los ejercicios de control territorial”.

Transportadores de carga, conductores de vehículos de servicio público de pasajeros y particulares han denunciado secuestros exprés, extorsiones y ‘retenes’ ilegales en los que les exigen dinero para continuar su recorrido.

Los afectados también solicitaron la intervención permanente de la Fuerza Pública.

Procuraduría pidió a Alcaldía de Quibdó declarar desierto proceso de contratación del PAE

La Procuraduría General de la Nación pidió declarar desierto el proceso de contratación LP-004-II del 2020, cuyo objeto es el “suministro de raciones alimentarias (nutricionales) para el Programa de Alimentación Escolar del municipio de Quibdó en el año 2021”, por valor de $11.734.378.740.

En una carta enviada al alcalde de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, la Procuraduría Regional del Chocó señaló las irregularidades evidenciadas en la etapa precontractual del proceso de licitación pública.

Para el órgano de control el pliego definitivo aparta el principio de libertad de concurrencia, pues limitó la participación de más proponentes quienes podrían haber tenido la capacidad de ejecutar el contrato al inicio del calendario escolar.

El Ministerio Público confirmó que en el portal virtual del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) se presentaron dos oferentes al proceso de contratación. El primero fue rechazado por no cumplir con los requisitos habilitantes y el segundo continuó, pero no atendió los requerimientos en su totalidad.

La Procuraduría indicó que, en los documentos enviados por la Alcaldía de Quibdó, no encontró la escritura pública de titularidad del bien inmueble o bodega para almacenar los alimentos, la dirección de la misma en el acta de inspección sanitaria, la propuesta económica, el RUP (Registro Único de Proponentes) con los consecutivos corregidos, ni la mayoría de los contratos que avalan la experiencia del segundo oferente, tal como lo estableció el ente municipal en el pliego definitivo.

Además, al constatar la documentación en el SECOP, la PGN observó que la propuesta económica estaba en el sistema de manera encriptada, es decir, que sólo podía ser vista por el usuario de la Alcaldía y no por cualquier otra persona que deseara consultar el proceso.

Ordenan arresto para el gobernador de Caldas y otras dos personas por desacato a tutela

La titular del Juzgado 12 Civil Municipal de Manizales, Andrea Milena García Gálvez, ha ordenado una sanción de 10 días de arresto en contra del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, el director de la Territorial de Salud de Caldas, Carlos Iván Heredia Ferreira, y el Presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Jorge Alirio Ortega Cerón, por haber incurrido en el desacato a un fallo de tutela del Juzgado Primero Civil de la ciudad.

En el mencionado fallo, que es de segunda instancia y fue proferido el 15 de diciembre de 2020, se ordenó el reintegro a las labores dentro de la entidad del accionante, Luis Ernesto Ayala López, quien fue desvinculado del cargo cuando estaba próximo a cumplir su edad de pensión.

Igualmente, se les ordena el pago de 125 Unidades de Valor Tributario (UVT), es decir 4.538.500 pesos por persona, que deberán ser consignados en una cuenta especial del Banco Agrario de Colombia.

Dos concejales de Bogotá denuncian amenazas de muerte

La concejal de Bogotá del partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez, denunció recientemente que recibió, a través de redes sociales, amenazas por parte de usuarios que se identificaron como seguidores del senador de Colombia Humana Gustavo Petro.

Posteriormente, se conoció también que el concejal Rolando González, también de esa bancada, recibió hace algunos días intimidaciones, sin identificar quiénes las realizaron, en unos sufragios que le fueron enviados con los amedrentamientos.

Por esta razón, la mesa directiva de esa corporación en cabeza de su presidenta María Fernanda Rojas, pidió a las autoridades que investiguen las denuncias y mostraron su solidaridad con ambos concejales, quienes hacen parte de la oposición al gobierno de Claudia López.

Sobre su caso, la concejal Arbeláez, había explicado que a sus redes llegaron varios mensajes en donde le indicaban que no se pronunciara al respecto del senador Petro, por lo que le pidió que se pronuncie al respecto y que se rechacen esos actos.

"He recibido amenazas por parte de seguidores de Gustavo Petro en mis redes sociales. Rechazo totalmente que se intimide al que piensa diferente; hemos puesto esto en conocimiento de las autoridades. Estamos esperando un pronunciamiento por parte del Senador", declaró.

Desde varias bancadas se conocieron voces de apoyo a los concejales de Cambio Radical y precisamente pidieron a los ciudadanos que los rodeen por su rol de voceros.