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Así se robaron la salud en Colombia

Sigue La W realizó investigaciones en diez departamentos sobre la situación de sus hospitales y clínicas después de que la corrupción se robara recursos que hoy son necesarios.

Así se robaron la salud en Colombia. Foto: Pixabay

Los periodistas de Sigue La W se encargaron de recaudar información sobre el estado de salud de los diferentes departamentos durante el comienzo de la pandemia del coronavirus. Esto con el fin de verificar si los centros de salud de esas regiones estaban preparados para atender la emergencia sanitaria declarada el pasado 16 de marzo.

El primer departamento analizado fue el de Córdoba. La historia se remonta al año 2015, cuando la Contraloría empezó a evidenciar que en este departamento se usaron excesivamente recursos públicos para financiar la salud desde 2010 y durante cinco años. Al hacer una revisión, la entidad notó cómo se utilizaron a personas para que fingieran estar enfermas de hemofilia con el objetivo de cobrar por medicamentos para el tratamiento de esa enfermedad y que no estaban incluidos en el plan obligatorio de salud (POS).  

El departamento de Córdoba, con más de un millón 555 mil habitantes, cuenta actualmente con 1.193 camas hospitalarias, 442 camas hospitalarias para niños, 281 camas UCI con ventilador y monitor, 25 camas UCI sin ventilador y monitor y 34 camas en zona de aislamiento en los cuatro hospitales departamentales y 27 municipales, según lo estableció Sigue La W. 

En cuanto al departamento del Chocó, otra región analizada por este especial, se encontró que hoy sus hospitales no cumplen con las condiciones que se requieren para atender una pandemia como la que estamos viviendo y aunque el Gobierno le ha girado los recursos del sistema general de participaciones -que tienen destinación específica en un 24.5% para la salud- y también ha recibido plata de las regalías, estos recursos no son suficientes. 

De acuerdo con los organismos de control, en esta región son casi nueve mil millones de pesos los que se han perdido o mal gastado en este sector, por eso la Contraloría tiene actualmente 13 procesos por presunta responsabilidad fiscal, con los cuales se busca recuperar estos dineros.

La tercera edición de este especial cubrió la situación en el Magdalena. El gobernador Carlos Caicedo explicó la situación actual de ese Departamento en el marco del coronavirus. Actualmente, “ni el personal es suficiente ni están bien dotados” para combatir la pandemia, y “por eso el componente salud está como prioridad en el Plan Departamental de Contingencia”. Esto ha significado “crear un equipo y una convocatoria pública para fortalecer los hospitales”.

Debido a que la red pública es insuficiente, el Gobernador contrató cuatro hoteles para enfrentar el Covid-19. “Tenemos 97 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), apenas 12 son del sector público, y 75 del sector privado. El número de camas es muy pequeño para la demanda que podremos tener en el marco de esta crisis”, afirmó.

En Boyacá la Contraloría tiene abiertos siente procesos de presunta responsabilidad fiscal, que en total suman más de 3.000 millones de pesos que se habrían "embolatado". Este departamento, que registra 13 casos de personas contagiadas por el coronavirus, cuenta hoy en día con más de 1.600 camas de hospitales, de las cuales unas 100 son de UCI para atender la pandemia. 

No obstante, el gobierno regional trabaja para adecuar más unidades de este tipo, por ejemplo, en un hospital de la extinta EPS Saludcoop, que paso a manos de la Gobernación.

En cuanto al departamento de Bolívar, hay 49 procesos de presunta responsable fiscal abiertos por parte de la Contraloría, que suman 43 mil millones de pesos. El primer y más grave caso tuvo que ver con la atención a pacientes hemofílicos que debían ser asumidos por la EPS donde se encontraban afiliados. Esto, teniendo en cuenta que los servicios médicos para el tratamiento integral de esta enfermedad se encontraban dentro del POS. Estos cobros, que se pagaban a las EPS, los asumió el Gobierno Nacional y fueron por 26 mil millones de pesos.

Con respecto a Nariño, la situación de salud se asemeja a los otros departamentos ya expuestos, pero a este se le suma el problema de la inmigración por la frontera con Ecuador. El Coronel Nelson Gutiérrez Mariño, Comandante de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército en Nariño, dijo: "En la frontera se han identificado por lo menos 36 pasos ilegales y que se trabaja junto con las autoridades de Ecuador en un plan espejo para controlar el paso de personas ilegales en los diferentes pasos fronterizos". 

Señaló que se adelantan estrictos controles y operativos que también permitan identificar a personas que estén contagiadas con el COVID-19 y de este modo evitar su propagación en el departamento, además de los esfuerzos que permitan controlar el paso de migrantes venezolanos por estos la frontera.

Norte de Santander también vive una crisis parecida a la de Nariño, por coronavirus y migrantes, Silvano Serrano, gobernador de este Departamento, señaló su preocupación con respecto a la frontera con Venezuela, puesto que en los últimos tres días “han cruzado más de mil personas”, las cuales “hacen tránsito por nuestro Departamento”, poniendo en riesgo la salud de la población. “Se dispuso de un control de desinfección y tamizaje de salud en el sector del peaje, un acompañamiento por parte de la Policía en el recorrido de estos buses hasta Migración Colombia”.

La séptima edición del especial “Así se robaron la salud en Colombia” analizó la coyuntura en Valle del Cauca. Actualmente, hay 23 investigaciones que tiene abiertas el ente de control fiscal y que suman más de 50 mil millones de pesos. Con monto se podrían comprar 250 ventiladores médicos a precios de hoy, y más de 800 si hubieran sido adquiridos antes de la pandemia del coronavirus.

“Lo peor que tiene Colombia no es el cáncer ni el Covid, es la corrupción”, dijo el presidente Sintrahospiclinicas del Hospital Universitario del Valle, Héctor Fabio Osorio Prada.

En Arauca, además de los problemas del coronavirus y la migración, se suma la coyuntura de los mercados a costos exagerados. Se conoció el pago por parte de la Gobernación de mercados que costaron, cada uno, 149.531 pesos y que solo incluían 10 productos que sobrepasaron el valor normal, como por ejemplo una lata de atún de casi 20 mil pesos.

En total, por estos mercados se invirtieron 4.900 millones de pesos, pero no es la primera vez que se aprovechan de los recursos públicos, con el dinero de la salud tampoco se han hecho excepciones. Así lo demuestran las cifras en ese departamento, las cuales evidencian que se han malgastado 7.368 millones de pesos que generaron la apertura de 8 procesos de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la República.

La isla de San Andrés fue el noveno departamento analizado en este especial de salud de Sigue La W. Este departamento solo cuenta con el hospital Departamental Clarence Lynd Newball y el Hospital Local de Providencia, a pesar de albergar a más de 61 mil habitantes. Hoy, esos centros de salud disponen de 89 camas, de las cuales nueve son de Unidades de Cuidados Intensivos y, de esas, dos ya están ocupadas. El Procurador abrió hace poco una investigación por presuntos sobrecostos en la entrega de ayudas en este departamento.

En diálogo con Sigue La W, Leandro Pájaro, veedor ciudadano de San Andrés, comentó que “la situación sigue igual a pesar de que el Gobierno le ha transferido 2,9 mil millones de pesos a las EPS, quienes se están embolsillando los dineros”. Según su testimonio, el director del hospital le comentó que las EPS de ese hospital “no pagan”, por lo que esa entidad sanitaria está “al borde del colapso”.

Por último, en Risaralda hay cinco casos en la Contraloría General de la República de presunta responsabilidad fiscal por irregularidades en el manejo de la plata para el sector salud, los cuales suman 1.025 millones de pesos. Además, aunque los hospitales de Risaralda, especialmente el universitario San Jorge de Pereira, esperaban cerca de 6.500 millones de pesos para saldar algunas deudas, tras la aprobación de la ley de punto final, solo llegaron más de 3.000 millones; es decir, la mitad.

Ahora bien, ¿quiénes son los responsables de estos desfalcos que tienen al país en una profunda crisis en los centros de salud que, a día de hoy, dificultan la contención y el combate contra el coronavirus?

Entre las personas vinculadas, según este informe, figuran seis representantes de IPS; siete servidores públicos; cuatro particulares y un representante de EPS. Adicionalmente, el año pasado (2019) se logró la condena de 13 personas: siete particulares, cuatro servidores públicos, un representante legal de EPS y un representante legal de IPS.

Otros nombres que resaltan en estos casos son: Alejandro Lyons, exgobernador del partido de la U, condenado a cinco años y seis meses por la Corte Suprema y destituido e inhabilitado por 15 años por la Procuraduría General; el exgobernador Edwin Besaile, destituido e inhabilitado por la Procuraduría, por estos hechos, por un término de 10 años; y su hermano, el exsenador, Musa Besaile, quien se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz; el exfiscal Anticorrupcion, Luis Gustavo Moreno, quien habría pedido dinero al exgobernador Lyons para no continuar con esta investigación; el abogado Leonardo Pinilla, quien fue el mediador para el pago de los sobornos entre Lyons y el exfiscal Moreno, muchos otros más.