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CIDH admitió demanda por muerte de mujer de 15 años y su hijo a manos de las AUC

La familia de las víctimas denunció que 17 años después de los hechos, el crimen continúa en la impunidad.

CIDH admitió demanda por muerte de mujer de 15 años y su hijo de 9 meses a manos de las AUC / imagen de referencia. Foto: Colprensa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudiará una demanda contra el estado colombiano por la muerte de una mujer de 15 años y su bebé de 9 meses, quienes de acuerdo con la investigación, esperaban a un hombre, pareja de la mujer quien presuntamente tenía vínculos con las AUC, pero fueron raptadas y sus cuerpos aparecieron quemados cerca de la terminal de transportes de Soledad en el Atlántico.

Según la madre de la mujer quien acude a la CIDH, el caso se mantiene en la impunidad porque, aunque se estableció la participación de dos paramilitares ya fallecidos, el exjefe de ese grupo criminal Carlos Cuartas conocido como "Montería", señaló que la versión existente entre sus filas era la de un crimen pasional, pero a la fecha la pareja de la víctima (para esa época) no se encuentra vinculada a ningún proceso y otros cinco supuestos implicados tampoco.  

"La parte peticionaria denuncia que las pruebas aportadas demostraban la responsabilidad penal del padre del niño y otras personas no sancionadas por los delitos denunciados. En esa línea, detalla que, a raíz de las investigaciones de la Fiscalía, se descubrió que contrató a Oscar Enrique Trillos Barrios, un antiguo miembro de las AUC, para realizar el crimen por “motivos pasionales”, y que en los hechos también participaron tres individuos que trabajaban para el citado grupo paramilitar", señalaron.

Aunque el estado se opuso a que la Comisión admitiera el caso, el órgano internacional rechazó su petición indicando que la familia de las víctimas lleva más de una década buscando justicia.

"Dado que han transcurrido diecisiete años desde los hechos denunciados y que a la fecha existiría una alegada situación de impunidad, la CIDH concluye, como lo ha hecho en otros casos, que aplica la excepción al agotamiento de los recursos internos", concluyeron los comisionados.

La familia de las víctimas manifestó que en Colombia no pudo ejercer debidamente su derecho a la justicia, porque desde un principio cuando pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía comenzaron a recibir amenazas.

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