Escuche ahora

La Hora del Regreso

con Carlos Montoya


Síguenos en:

Ciudades

Selecciona tu emisora

Contraloría dice que 'no hay control' sobre vehículos de la Cámara de Representantes

El organismo 'raja' gestión de la Dirección Administrativa de la Cámara.

El organismo 'raja' gestión de la Dirección Administrativa de la Cámara.. Foto: Colprensa

En un informe de 80 páginas la Contraloría General entregó las conclusiones de una auditoría a la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes donde asegura que no existe un control sobre los vehículos de los congresistas, existe posible sobrecostos en el millonario contratos que dejó sin internet y telefonía al organismo, hay ineficiencias en el control financiero de la entidad, en las cuentas por pagar, en los inventarios de los bienes inmuebles,  entre otros hallazgos, lo que llevó al organismo de control a iniciar investigaciones disciplinarias y administrativas.

Entre los hallazgos está el polémico contrato que llevó a una grave situación a la Cámara por el corte de servicios de telecomunicaciones , firmado en el 2016 entre la dirección administrativa y la empresa del Valle del Cauca, Empresa Regional de Comunicaciones.

Incluso el propio presidente de la Cámara Carlos Chacón aseguró que ese contrato podría tener irregularidades,  y por eso estaba en la lupa de los organismos de control.

La Contraloría encontró que la Dirección Administrativa " celebró ese contrato por un valor de 67 mil 657 millones de pesos, sin el cumplimiento de los requisitos legales frente a la disponibilidad presupuestal, que garantizara la existencia de los recursos para la ejecución del contratos, es decir, que se suscribió sin contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y no contó con autorización de vigencias futuras, de tal forma que se pudiera garantizar los recursos requeridos para la ejecución del contrato por 67 mil millones , equivalente a pagos mensuales de 1.127 millones de pesos".

Y agrega la Contraloría que la Dirección Administrativa " tenía previo conocimiento que durante la vigencia de 2017 no disponía de los recursos necesarios para amparar el pago de 10 mil 148  millones, correspondientes a 9 meses de pago del servicio prestado,".

Con esto la entidad no pudo cancelar las facturas de septiembre a diciembre del 2017, llevando a buscar una conciliación ante la Procuraduría para el pago de las facturas por más de 2 mil millones de pesos.

Fuentes del organismo del control se preguntan "cuál era el afán y el interés de la adjudicación de este contrato que prácticamente se habría hecho de manera directa".

La Contraloría concluye que "hay indicios de la existencia de efectos fiscales porque se evidenció que el contrato se celebró "por excepción de manera directa. Se evidenció que 2 empresas que no presentaron cotizaciones (UNE y ETB) habían solicitado previamente a la corporación, ampliar el plazo para la presentación de la propuesta, dada la complejidad del contrato, no obstante, dicha solicitud no fue concedida,

Además la Contraloría considera que podría existir un posible sobre costo en el millonario contrato y por eso pidió a estas empresas las cotizaciones para establecer finalmente si hubo  un daño al patrimonio público.

El parque automotor

Luego de revisar la documentación frente al estado físico del parque automotor de la Cámara de Representantes,  la Contraloría llegó a una grave conclusión y es la siguiente. "No se tiene un control sobre la cantidad de vehículos a cargo de los Representantes".

Dice el organismo que entre otras cosas sus investigadores encontraron lo siguiente: 

- Existen adjudicaciones de más de dos vehículos a un mismo representante

- No existe solicitud de adjudicaciones del automotor, por parte de los representantes

- El parque automotor ha sido entregado sin las respectivas resoluciones de asignación

- Las actas o documentos de entrega están sin  la firma de recibido por parte del  responsable o del representante

- El documento de inventario de cada vehículo no está diligenciado

- No se evidenció documento sobre el concepto técnico de funcionamiento de los vehículos.

Fuentes de la Contraloría le contaron a La W que esta falta de control y desorden administrativo podría llevar a acciones ilegales como ocurrió en el 2016 cuando la Fiscalía capturó a Luis Javier Rojas con 614 millones de pesos que movilizaba de manera ilegal en una camioneta del Congreso. Rojas resultó ser el hijo de Magdalena Morera, entonces jefa de la División Financiera del Congreso.

Dice la Contraloría en su informe " Las situaciones descritas presentan inobservancia a lo estipulado en la normativa, al reflejar que los vehículos propiedad de la Cámara no están debidamente controlados, exponiendo a la Corporación al riesgo de actuaciones indebidas o por fuera de la ley por parte de terceros, amparadas en la tenencia de vehículos oficiales".

En cuanto a la auditoría a los estados financieros dice el organismo que "presentan incorreciones materiales y generalizadas que afectan al grupo de activos y pasivos y NO representan en todos los aspectos importantes la situación financiera a 31 de diciembre del 2017 y lleva a una Opinión Negativa".

Frente al Control Interno señala que obtuvo un concepto "ineficiente al evidenciarse que no cuenta con políticas, actividades de control y monitoreo para las labores del manejo financiero, como el ausencia de soportes idóneos del resultado del levantamiento físico de inventarios e ineficacia de los controles de los bienes".

Y concluye que la Contraloría no fenece la cuenta fiscal de la Dirección Administrativa para la vigencia fiscal del año 2017.