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Defensoría pide a la Corte Constitucional extender al sector privado el impuesto solidario

La norma establece que funcionarios que ganen entre $10 millones y $12,5 millones deberán aportar el 15% de su salario.

Defensoría pide a la Corte Constitucional extender al sector privado el impuesto solidario. Foto: Getty Images

En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la Defensoria del Pueblo pidió extender el impuesto solidario decretado en el marco de la emergencia del Covid-19 se extienda a trabajadores del sector privado. Actualmente La norma establece que los funcionarios públicos que ganen entre $10 millones y $12,5 millones deberán aportar el 15% de su salario, mientras que los funcionarios con salarios entre $12,5  millones y $15 millones tendrán que aportar el 16%.
 
 
Entre tanto, a los salarios que se encuentren en el rango de $15 millones y $20 millones se les aplicará una tarifa del 17%, y los superiores a los $20 millones, una del 20%. Esta retención también aplica para contratistas.
 
Para la Defensoria La medida en mención no supera el juicio de no discriminación, por lo que deberá también aplicarse a los trabajadores del sector privado que cumplan con las mismas características. “visto lo anterior, se advierte que las medidas adoptadas en el decreto bajo examen resultan absolutamente congruentes respecto de los motivos expresados en la parte considerativa del mismo, motivo por el cual la Defensoría del Pueblo considera superado el requisito de conexidad interna”. 
 
Solicitud de la Defensoria:
 
Primera: Que se declare la inexequibilidad de las expresiones “de los servidores públicos en los términos del artículo 123 de la Constitución Política” y “profesionales y de apoyo a la gestión vinculados a las entidades del Estado”, contenidas en el inciso 1 y de la expresión “a los servidores públicos en los términos del artículo 123 de la Constitución”, contenida en el inciso 3 del artículo 1 del Decreto Legislativo 568 de 2020.
 
 
Segunda: Que se declare la inexequibilidad de las expresiones “servidores públicos en los términos del artículo 123 de la Constitución Política”, “profesionales y de apoyo a la gestión pública” y “de la rama ejecutiva de los niveles nacional, departamental, municipal y distrital en el sector central y descentralizado; de las ramas legislativa y judicial; de los órganos autónomos e independientes, de la Registraduría nacional del estado Civil, del consejo nacional Electoral, y de los organismos de control y de las Asambleas y Concejos Municipales y Distritales”, contenidas en el inciso 1 del artículo 2 del Decreto 568 de 2020.
 
Tercera: Que se declare la inexequibilidad de la expresión “servidores públicos”, contenida en el artículo 3, inciso 2, del Decreto Legislativo 568 de 2020.
 
Cuarta: Que se declare la exequibilidad condicionada de los artículos 1, 2 y 3, inciso 2 del Decreto Legislartivo 568 de 2020, en el entendido de que los trabajadores y  contratistas vinculados al sector privado cuyos ingresos mensuales superen los $10’000.000, también son sujetos pasivos del impuesto solidario por el COVID-19 y que la percepción de ingresos superiores a dicha suma por el desarrollo de actividades subordinadas o independientes en favor del sector privado, es un hecho generador del  impuesto solidario por el COVID-19.