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Incumplir órdenes de la Corte Suprema de Justicia es incurrir en desacato: procurador

Agregó que el Ministerio Público avanza en el proceso disciplinario por los hechos que motivaron la acción de tutela.

Fernando Carrillo advirtió que la Procuraduría cumplirá lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia y exhorta a las demás autoridades a acatar la orden impartida en el fallo de tutela. Foto: Colprensa / CAMILA DÍAZ

Las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse, así no se compartan. Ese principio es la base de un Estado de derecho democrático, más aún cuando se trata de entidades públicas y de servidores públicos. Así lo aseguró el procurador general, Fernando Carrillo.

En diálogo con La W respecto a este anuncio, Carrillo aseguró: "Queremos evitar que haya un conflicto y que se cumpla con esa orden, la última palabra la tiene la Corte Constitucional (...), pero si no selecciona la tutela aquí termina la controversia".

Para el jefe del Ministerio Público, las autoridades pueden solicitar a la Corte Constitucional la selección de una tutela para que el alto tribunal revise las disposiciones impartidas, pero ello no las exonera del cumplimiento de la decisión que busca proteger derechos fundamentales. Incumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia, según advierte el procurador, es incurrir en desacato.

Así, en su pronunciamiento, agregó que la Procuraduría General de la Nación cumplirá lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia y exhorta a las demás autoridades a acatar la orden impartida en el fallo de tutela.

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En consecuencia, convocará mesas de trabajo para expedir en 30 días, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, un protocolo que “permita a los ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en caso de capturas y traslado de personas durante el desarrollo de cualquier clase de reunión o acto de protesta”.

De este modo, el procurador espera acompañar las mesas de trabajo que debe convocar el Gobierno para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas.

Finalmente, agregó que el Ministerio Público avanza en el proceso disciplinario por los hechos que motivaron la acción de tutela y en las próximas semanas informará a la ciudadanía de nuevas decisiones.

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