Magistrados de garantía electoral se fueron de juerga: candidata a la Cámara por Bolívar

Ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y los magistrados del Consejo Nacional Electoral, fue interpuesta denuncia penal y disciplinaria por medio de la cual se informa de presuntos hechos que enlodan las elecciones en el departamento del Bolívar.

Como pruebas fundamentales de las preocupaciones electorales se radicaron imágenes fotográficas en las que claramente se evidencia al delegado para la transparencia electoral de Bolívar, magistrado Nayib Alberto Tapia, al parecer celebrando la elección de su compartidario y amigo Pedrito Pereira Caballero y los abogados defensores del representante Pedrito Pereira con poder para actuar dentro del proceso de validación de escrutinios del departamento de Bolívar, quienes como se evidencia en las imágenes captadas  llevan  una aparente amistad de hace varios años. (Ver imágenes adjuntas).

Así mismo la denuncia que fue radicada por Sandra García Tirado, candidata a la Cámara, contiene videos en los que claramente se evidencian las rupturas de la cadena de custodia del material electoral previo a los preconteos, donde se ven las bolsas electorales abiertas en distintas posiciones algunas inclusive escondidas en los baños.

“El magistrado que vino aquí como garantista electoral le ha venido haciendo el favor a su amigo negando las impugnaciones en zonas donde tenemos la certeza de que hay fraude electoral, este señor Nayib Tapia, no se declaró impedido por su cercanía con Pedrito Pereira y por lo contrario le está haciendo un favor al permitir que el fraude electoral se legalice con su presencia en el departamento”, destacó la candidata afectada por las arbitrarias decisiones de Tapias que ahora reposan como evidencia en su contra.

Cabe precisar que se han negado impugnaciones y conteo de votos en los municipios del Zambrano y San Juan, además de otras regiones del departamento de Bolívar. Así mismo se ha venido negando las entregas oportunas de las actas de escrutinios municipales siendo estos documentos públicos.