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Medida de aseguramiento para gobernador y exgobernadora de San Andrés

Al parecer están implicados en las irregularidades detectadas en varios contratos que sumarían más de once mil millones de pesos.

Aury Guerrero y Ronald Housni se habrían apropiado de aproximadamente 11.000 millones de pesos de San Andrés. Foto: Colprensa

Aury Guerrero y Ronald Housni se habrían apropiado de aproximadamente 11.000 millones de pesos de San Andrés. Foto: Colprensa(Thot)

A la cárcel -con medida de aseguramiento- fueron enviados el gobernador de San Andrés, Ronald Housny Halle, hoy suspendido, y la exgobernadora de la isla, Aury Guerrero Bowie, por la presunta apropiación de dineros públicos de contratos de la Gobernación que sumarían once mil millones de pesos.

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Durante la audiencia, el fiscal del caso señaló que entre las pruebas que tiene el ente acusador están testimonios de funcionarios de la Gobernación y contratistas, que habrían señalado la forma en que presuntamente se legalizó la salida de los dineros cambio de la manipulación de licitaciones públicas, así como el tiempo, modo y lugar en que los funcionarios recibieron dichas sumas de dinero. 

Los hoy detenidos fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y concierto para delinquir. La Fiscalía insistió en la urgencia de la medida de aseguramiento en centro de reclusión para proteger a la comunidad isleña de funcionarios que con el dinero de la regalías buscan enriquecerse; argumento que fue respaldado por el delegado de la Procuraduría quien indicó que se hace necesaria “por la posibilidad de la injerencia de los imputados en la investigación y la posible comisión de otras actuaciones delictivas en contratos actuales”.

Una de las pruebas que develó el ente acusador en la audiencia para justificar la medida, fue la interceptación de una llamada en la cual el gobernador Ronald Housny Halle, después de su suspensión, habla el gobernador encargado del departamento para indagar acerca del presupuesto y los contratos que se estaban llevando a cabo. Por estos hechos un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá atendió el requerimiento de la Fiscalía y los envió a la cárcel.

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