Nadie puede recomendar a un país ser tolerante con actos criminales: Duque a CIDH

El presidente Iván Duque respondió al informe de la CIDH y fue enfático en decir que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con los actos de criminalidad”, en referencia a los bloqueos.

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También aseguró que el Gobierno ha sido respetuoso de la protesta pacífica, pero que el vandalismo, los bloqueos y los actos de terrorismo urbano de baja intensidad deben ser enfrentados con el Código Penal.

Y en cuanto a la recomendación para que la Policía Nacional sea retirada del Ministerio de Defensa, respondió que esta estructura “no es un capricho”.

“Durante los años donde la Policía estuvo en el Ministerio de Gobierno se politizó y esa politización llevó a grandes brotes de violencia. Además, la Constitución colombiana fue clara en definir la Policía en su naturaleza civil”, dijo.

Por su parte, la Cancillería aseguró que el Gobierno coincide con algunas observaciones, como por ejemplo la necesidad de un proyecto de ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la reunión y a la manifestación pública y pacífica en Colombia.

De otro lado, aclaró que el Gobierno difiere en que los bloqueos constituyan, en general, una forma legítima de manifestación y que solo en casos concretos el Estado pueda actuar.

En este punto, el Ministerio señaló que los bloqueos permanentes son una clara violación de los derechos fundamentales.

También rechazó la posibilidad de crear un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia”, al argumentar que el Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, y que no es necesario un mecanismo de seguimiento de este tipo.

Con relación al uso de la fuerza, señaló que los eventos han sido excepcionales y han obedecido únicamente a situaciones en las que fue necesaria la intervención de la Policía Nacional.

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Y sobre las denuncias por presuntas desapariciones y torturas durante los procedimientos de traslado por protección, la cartera aclaró que “no es política del Estado colombiano utilizar sus instituciones legítimas para encubrir actos que no lo son”.

A propósito, informó que si hay denuncias formales, los organismos se encargarán de investigar, judicializar, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.

Finalmente, Duque dvirtió que algunas cifras presentadas en el documento no fueron contrastadas y que, incluso, en ocasiones no se menciona la fuente de donde fueron obtenidas.

Por ejemplo, menciona que se tomaron como ciertas las afirmaciones de algunas organizaciones, mientras en otros casos se puso en duda la información entregada, especialmente por las víctimas de los bloqueos.