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Piden a Corte Constitucional tumbar artículo del Código Electoral por "censura"

De acuerdo con los denunciantes, el artículo 247 establece como de "seguridad nacional" varias labores de la Registraduría impidiendo el libre acceso a la información.

Para los denunciantes, que ese tipo de información se clasifique como de seguridad nacional pondría en riesgo el libre acceso a la misma. Foto: Colprensa / SERGIO ACERO

Para los denunciantes, que ese tipo de información se clasifique como de seguridad nacional pondría en riesgo el libre acceso a la misma. Foto: Colprensa / SERGIO ACERO(Thot)

La organización DeJusticia le solicitó a la Corte Constitucional que en su examen previo a sanción presidencial del nuevo código electoral tumbe el artículo 247 de ese proyecto de ley, el cual establece que todas las actividades que en cumplimiento de su misión realice la Registraduría con relación al registro civil, la identificación, los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana son de seguridad y defensa nacional.

Para los denunciantes, que ese tipo de información se clasifique como de seguridad nacional pondría en riesgo el libre acceso a la misma por parte de cualquier ciudadano sobre temas importantes como los puestos de votación en un municipio específico, las recolecciones de firmas o el software que se utilice para contar votos.

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"Esto significa poner un velo, volver totalmente opacas todas las actividades misionales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, consideramos que es inconstitucional porque invierte la regla de transparencia, debe decirse de forma específica y clara qué será reservado y como está redactado el artículo no es así" señaló Juan Carlos Upegui, abogado de DeJusticia.

Según la plataforma de derechos humanos, esa disposición vulnera convenios internacionales que exhortan a los estados a hacer los mayores esfuerzos para que toda (o en su gran mayoría) la información electoral sea pública.

"Esto debió ser objeto de debate, pero eso no fue así, fue aprobado", manifestó Upegui.

La intervención ante el alto tribunal es apoyada por cinco organizaciones más, entre ellas la FLIP.

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