Procuraduría pide evacuar cárcel de San Diego ante riesgo de desplome
En diálogo con La W, la actriz Johana Uribe, explicó lo difícil que ha sido conseguir comedores para las reclusas, pues están comiendo en el piso.
Procuraduría pide evacuar cárcel de San Diego ante riesgo de desplome
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Cárcel "San Diego" en Cartagena. Foto: Procuraduria
En seguimiento realizado por la Procuraduría Provincial de Cartagena, que incluyó visitas a las instalaciones del penal, se evidenció un aumento en el deterioro de vigas y columnas que incrementa la posibilidad de un desplome de la estructura en algunas zonas del lugar.
Tras identificar la falta de acciones para reforzar o evacuar la cárcel de San Diego, la Procuraduría solicitó la evacuación de la cárcel de mujeres San Diego o en su defecto, la adopción inmediata de medidas que permitan salvaguardar los derechos de las internas y del personal administrativo, ante el grave deterioro en el que se encuentran las instalaciones de ese centro penitenciario.
El año pasado el Ministerio publico presentó un recurso de desacato luego de verificar que las acciones ordenadas en el fallo de tutela T - 126 de 2009 de la Corte Constitucional para el mantenimiento, adecuación y reparación de ese penal no han sido cumplidas por las autoridades correspondientes.
En ese mismo fallo, la Corte Constitucional ordenó iniciar las obras de construcción del Complejo Penitenciario, Carcelario y de Reclusión de Mujeres de Cartagena, previsto en los documentos Conpes 3277 del 15 de marzo de 2004 y 3412 del 6 de marzo de 2006, obra que a la fecha no se ha iniciado por diversos problemas administrativos.
En el seguimiento realizado por la Procuraduría Provincial de Cartagena, que incluyó visitas a las instalaciones del penal, se evidenció un aumento en el deterioro de vigas y columnas que incrementa la posibilidad de un desplome de la estructura en algunas zonas del lugar, lo que genera un peligro inminente sobre la integridad de las internas, el personal administrativo y las guardianas.
El incidente de desacato fue instaurado contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena, entidades encargadas de cumplir lo dispuesto en el fallo de tutela.
