• Actualizado 09 Dic 2021 13:29

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Tras Reporte Coronell, aplazan elección de magistrado de la Corte Constitucional

Daniel Coronell conoció que la citación que estaba para este 26 de octubre a las 3:00 p.m. fue pospuesta.

Tras Reporte Coronell, aplazan elección de magistrado de la Corte Constitucional

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Después de El Reporte Coronell en el que dio a conocer el afán de designar la terna para escoger magistrado de la Corte Constitucional, y la citación de los consejeros para acudir a la Sala Plena Número 32, que se celebraría hoy martes 26 de octubre a las 3:00 P.M., este organismo decidió aplazar la elección.

El punto central de la sesión es el número tres: “Integración terna de la cual el Senado de la República elegirá un magistrado de la Corte Constitucional, en remplazo del doctor Alberto Rojas Ríos”.

Pero a Rojas Ríos, magistrado liberal, le faltan casi cinco meses para que se le venza su período en la Corte Constitucional. ¿Cuál será el apuro?

Lo usual ha sido que el titular de la Corte Constitucional se vaya, lo remplacen provisionalmente, y luego sí se posesione el nuevo magistrado.

Ninguno de los actuales magistrados de la Corte Constitucional remplazó directamente al anterior titular.

Más en El Reporte Coronell:

Para nombrarles apenas unos ejemplos: Cristina Pardo, quien remplazó a Jorge Pretelt suspendido y después condenado en primera instancia por corrupción -recuerden: por vender un fallo de tutela- recibió el cargo del magistrado provisional Aquiles Arrieta.

Ustedes dirán que pasó solo en ese accidentado caso. Pero no: también ha sucedido con los magistrados que terminaron tranquilamente sus ocho años de período.

A Jorge Enrique Ibáñez, quien ocupa el lugar de Luis Guillermo Guerrero, le entregó el despacho el magistrado provisional Luis Javier Moreno.

Alejandro Linares, reemplazo de Mauricio González, recibió el cargo de la magistrada provisional Myriam Ávila.

Sin embargo, ahora van a toda máquina para que el sucesor de Alberto Rojas Ríos se siente en la silla todavía caliente.

La que lleva el proceso a mil es la presidenta del Consejo de Estado, Marta Nubia Velásquez, pero el que pisa el acelerador es el presidente Iván Duque.

El jefe de estado es consciente de que su poder está menguando y disminuirá más a medida que se acerque la elección de su sucesor. Además, no es lo mismo negociar con un Senado buscando su reelección, que con uno que ya ha sido reelecto y en el que hay miembros nuevos.

Tal vez por eso quiere gastarse uno de sus últimos cartuchos –y su correspondiente mermelada, sin Ley de Garantías– en elegir en la Corte Constitucional a un magistrado de derecha que represente el pensamiento de su partido el Centro Democrático.

Alguien antiaborto, antimatrimonio igualitario, antiacuerdos de paz y anti JEP.

Por eso, al mismo tiempo que urge la conformación de la terna, el gobierno está haciendo lobby para que en ella sea incluido el abogado Álvaro Motta, un jurista muy conservador y que hasta hace unos meses era miembro de la administración Duque.

Álvaro Motta ya fue aspirante a la Corte Constitucional y fue derrotado en 2017. Después sonó para ser parte de la terna para remplazar al fiscal Néstor Humberto Martínez, quien lo impulsaba. El presidente finalmente no incluyó su nombre.

El premio de consolación acabó siendo espléndido. El presidente Duque nombró a Álvaro Motta como embajador ante los Países Bajos y los organismos internacionales que funcionan en La Haya como la Corte Penal Internacional, donde estuvo apenas un poco más de un año, antes de venir a aspirar a la Corte.

El Consejo de Estado, que teóricamente debería ser independiente, se prepara para hacerle este gran favor al Gobierno… y rapidito.

Aquí debería terminar el reporte, pero tengo un bonus track:

El fiscal de la Corte Penal Internacional Karin Khan se reunirá hoy en la mañana con el presidente Iván Duque. Tal y como les anticipamos en el reporte, el fiscal Khan levantará la prolongada investigación preliminar que hace 17 años la Corte Penal Internacional mantiene sobre Colombia, a cambio de un acuerdo artificial de cooperación, un compromiso sin dientes.

Algo que le conviene al Gobierno pero que, a juicio de algunos, favorece la impunidad, deja desprotegidas a las víctimas y debilita a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la ausencia de la CPI, que ha sido su gran apoyo.

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