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Víctimas de Fénix Life Premium denuncian que no han sido reparadas

A través de una moneda virtual llamada Triskel, la captadora aseguraba grandes rendimientos y exigía una inversión de arrendamientos de bóvedas virtuales.

Existen muchas empresas que venden estos criptoactivos sin respaldo alguno: Oscar Vargas. Foto: Getty Images

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En los últimos días, la Superintendencia de Sociedades lanzó una alerta para que la ciudadanía evite realizar operaciones financieras que puedan terminar en la pérdida de sus recursos con el señor Óscar Andrés Vargas Hoya. La Superintendencia recordó que Vargas fue intervenido como responsable de actividades de captación de dineros no autorizada desde el 6 de junio de 2018 y que, según el ente de control y vigilancia, seguiría operando a pesar de esto.

Se debe recordar que Vargas fue el creador de Ping Nine S.A.S., operadora de Fénix Life Premium, un portal a través del cual se ofrecían rentabilidades por la inversión en una criptomoneda. Sin embargo, según denuncias de miles de personas y la misma Supersociedades, terminó siendo una pirámide, motivo por el cual fue intervenido.

Ante el escenario, La W encontró que varias de estas personas que denunciaron haber sido afectados en el 2017 y 2018 a la fecha no han tenido ninguna respuesta de las millonarias inversiones que hicieron con Vargas Hoya. Ese es el caso de Omar Cubillos, quien relató: “Yo invertí 135 millones de pesos con el señor Vargas, la Superintendencia intervino y ahí estamos a la espera”.

Otro de las afectadas y quien dice ser víctima de la captación ilegal de dinero fue Yazmín Agudelo, quien dijo: “Yo invertí alrededor de 45 millones de pesos con la esperanza, supuestamente, de que él (Óscar Vargas) iba desarrollar tecnología de punta para comercializarla y con eso mismo nos iban a entregar ciertas ganancias, lo cual nunca se dio”.

Frente al escenario, Óscar Andrés Vargas Hoya, creador de Ping Nine S.A.S, dijo: “Nosotros somos el primer criptoactivo colombiano que se llama Triskel y que entró en operaciones desde el 15 de agosto del 2017 hasta el 18 de julio del 2018, cuando la Superintendencia Financiera le dictó medidas cautelares”.

De este modo, añadió: “Seguramente lo que ellos están diciendo es que perdieron su inversión, la cual le costó 2.000 dólares y ese criptoactivo subió de 1 a 10.6 (…) pero seguro de las medidas cautelares ya contaban con esos $135 millones que se representaban en la criptomoneda”.

Dentro de su explicación, Vargas aseguró que, de acuerdo a las cifras de la Supersociedades, los afectados no son 25.000, como muchas víctimas lo aseguran, sino que son 1.600 personas y que fueron las que compraron directamente a la empresa. Así, añade que muchos de los que lo denuncian actualmente trabajaron con él vendiendo el criptoactivo, pero de persona a persona, logrando hacer recaudación de dinero que podría considerarse entonces como captación ilegal de dinero.

Finalmente, Hoya, quien fue objeto de advertencia hace apenas algunos días de un ente de control y vigilancia para que no se cierren negocios con él, aseguró que el gran problema es que el criptoactivo que creó no tiene poder liberatorio. Es decir, no se puede tranzar y, por ende, en sus últimos dos años lo que ha intentado es cerrar alianzas con distintos establecimientos comerciales para que quienes invirtieron en esta criptomoneda puedan hacer transacciones como comprar mercados, comprar carros, entre otras transacciones.

 

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