Acusan al exalcalde y a otras tres personas en Popayán por irregularidades en el PAE

La Fiscalía informó que ante un juez de conocimiento acusó al exalcalde de Popayán, Francisco Fuentes Meneses; al exsecretario de Educación, Luis Guillermo Céspedes Solano, al contratista Ilver Campo y a la supervisora María del Pilar Oquindo.

Esto, por las supuestas irregularidades en el proceso y ejecución de un contrato para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en la zona rural y urbana del municipio.

Según el ente acusador, los hechos ocurrieron en mayo del año 2015, cuando la Administración Municipal, de ese entonces, suscribió el contrato No. 6257 con el Consorcio Nutrición Escolar Popayán para la ejecución y operación idónea del PAE.

En octubre del mismo año, se hizo un contrato adicional para adquirir menaje, dotación para la prestación del servicio, así como reposición de dotación en los restaurantes de las instituciones educativas del municipio.

De acuerdo a la Fiscalía, se habría incurrido en falta de planeación en la realización del contrato en mención, por cuanto el objeto de la adición no tenía ninguna relación con lo inicialmente expuesto.

De igual forma, “se pudo establecer que el Consorcio Nutrición Escolar no era idóneo para realizar la ejecución del mismo, dado que no contaba con la experiencia ni la capacidad técnica”.

Por otra parte, la Entidad señaló que se detectaron supuestas irregularidades en la etapa de liquidación, dado que se pagó la totalidad de los dos contratos sin que se hubiese cumplido con la ración alimentaria a los estudiantes, correspondiente a cuatro días del mes de diciembre, época en la que ya había finalizado el calendario educativo. Además, no se habrían entregado 22 mil raciones de leche en el año 2016 a los colegios.

Finalmente, las actas parciales de liquidación final y las planillas de recibo de alimentos se habrían falsificado.

El detrimento patrimonial por dichas irregularidades se estima en $355.791.521.

La Fiscalía acusó al exmandatario y a las otras tres personas por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.