Comisión de la Verdad denuncia indolencia del Estado en la toma del Palacio de Justicia

La Comisión de la Verdad encargada de investigar la ocupación guerrillera del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, en la que murieron más de 100 personas, reveló que hubo ejecuciones extrajudiciales y acusó al Gobierno de no haber hecho lo suficiente para salvar a los rehenes.

El comité estableció que al menos ocho guerrilleros que participaron en la acción presentan heridas fatales que sugieren una ejecución sumaria.

Estos guerrilleros hacían parte del conjunto de cerca de cuarenta insurgentes del M-19 que el 6 de noviembre de 1985 se tomaron por asalto el Palacio de Justicia.

"El responsable primario (es) el M-19", declaró el letrado Nilson Pinilla tras la presentación del informe final elaborado por el comité investigador, conformado además por los ex magistrados Jorge Aníbal Gómez y José Roberto Herrera.

Pinilla, aún activo, y sus antiguos colegas entregaron el texto original al actual presidente de este alto tribunal, Augusto Ibáñez, quien lo recibió con la remembranza del dramático, y también desoído, llamamiento que hizo por las radios su inmolado antecesor, Alfonso Reyes Echandía: "que cese el fuego".

La Comisión concluyó que "no existe duda" de que los siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, tres visitantes ocasionales y una rebelde del M-19 "fueron víctimas de desaparición forzada".

El Estado "no les ha dado una respuesta eficaz en materia de verdad, justicia y reparación moral" a las familias de estos desaparecidos, afirmó el mismo comité, que denunció que esta parte de la tragedia, como las demás, han tenido como característica la "impunidad rampante".

"Nosotros consideramos que el Estado tiene que aceptar la responsabilidad por estos sucesos", sentenció Pinilla.