Condenan a dos responsables de crímenes contra defensores de DD.HH. y reincorporados

Las labores adelantadas por la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía fueron determinantes para que el Juzgado 2° Penal Municipal de control de garantías de Villavicencio (Meta) impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Andrés Oyola Lizcano, alias Mauricio, Maelo o Mono Loco, presunto integrante de la estructura disidente conocida como Frente 27.

Este hombre fue imputado por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo simultáneo, homicidio en grado de tentativa agravado, desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones agravado.

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Los elementos de prueba dan cuenta de que alias Mauricio estaría implicado en, por lo menos, cuatro casos de afectaciones contra defensores de derechos humanos, así:

• Crimen de Armando Valencia Gallego, ocurrido el 20 de abril de 2020 en la vereda el Avión Caído de Vista Hermosa (Meta).
• Tentativa de homicidio contra Diego Fernando Londoño Tamayo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Loma Linda, en Vista Hermosa (Meta), el 28 de abril de 2020.
• Amenaza y desplazamiento de un reincorporado de las Farc, el 2 de marzo de 2020 en Vista Hermosa.
• Amenaza y desplazamiento de tres habitantes de la vereda Loma Linda en Vista Hermosa, ocurrido el 3 de mayo de 2020. Dos de las víctimas eran integrantes la junta directiva de la Fundación Humanitaria para el Posconflicto (Fundahupos).

Oyola Lizcano fue capturado en un procedimiento realizado por la Policía Nacional en Puerto Rico (Caquetá).

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación logró condena de siete años de prisión contra José Pastor Calderón Vargas, por el crimen del reincorporado Duver Esneider Solano Sánchez, ocurrido el 22 de enero de 2020 en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Mariana Páez, en Mesetas (Meta).

Calderón Vargas, exintegrante de las desmovilizadas Farc y escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), disparó contra la víctima, de 22 años, en medio de una riña. Ante la contundencia de las evidencias, el agresor aceptó su responsabilidad y el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Martín (Meta) lo sentenció por el delito de homicidio agravado.