Judicial

Envían a Fiscalía proceso contra militares implicados en asesinato de indígenas

Pidieron investigaciones penales y disciplinarias, ya que el proceso estuvo a punto de ser archivado por pérdida del expediente.

El Tribunal Superior Militar y Policial envió a la Fiscalía la investigación adelantada contra 15 militares. Foto: Colprensa / DIEGO PINEDA

El Tribunal Superior Militar y Policial envió a la Fiscalía la investigación adelantada contra 15 militares. Foto: Colprensa / DIEGO PINEDA(Thot)

Al acoger los argumentos de la Procuraduría, el Tribunal Superior Militar y Policial envió a la Fiscalía la investigación adelantada contra 15 militares, procesados por su presunta responsabilidad en el homicidio de tres miembros de la comunidad indígena wayuu, durante hechos ocurridos en la ranchería Atnamana, jurisdicción de Maicao.

La decisión fue adoptada al resolver un recurso de apelación instaurado por el Procurador 265 Judicial Penal de San Juan del Cesar, La Guajira, quien se opuso a la prescripción del proceso decretada por el Juez 98 de Instrucción Penal Militar, por considerar que este no tenía competencia para conocer el expediente y adoptar esa medida.

En el fallo, los magistrados del tribunal señalaron que en la investigación no estaba acreditado que los hechos hubiesen ocurrido en desarrollo de una misión o tarea específica atribuible a las funciones del Ejército Nacional, por lo cual ordenaron su remisión a la justicia ordinaria y dejaron sin efecto la prescripción ordenada por el juez penal militar.

En el mismo fallo, compulsaron copias a la Procuraduría y a la Justicia Penal Militar para que investiguen disciplinaria y penalmente la pérdida del expediente, pues aunque el caso avanzó en sus etapas preliminares durante los primeros cinco años, diez años después fue reportado como perdido.

Posteriormente, el despacho judicial tardó otros cinco años en reconstruir solo una parte, lo que llevó a que transcurrieran 20 años sin que se adoptara una decisión de fondo sobre los posibles involucrados.

En su momento, el Ministerio Público señaló que esa situación originó que se vencieran los plazos para resolver la investigación, por lo que resultaba desproporcionado que se decretara su prescripción.

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