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Contraloría profiere fallos por daños al patrimonio público en municipios del Magdalena

En Tenerife, Santa Ana y Sitionuevo el ente de control documentó presuntas conductas anómalas por valor de $154 millones de pesos.

Contraloría profiere fallos por daños al patrimonio público en tres municipios del Magdalena. Imagen de referencia. Foto: Colprensa

La Contraloría del Magdalena dio a conocer a través de 3 fallos  que en administraciones anteriores de los municipios de Tenerife, Santa Ana y Sitionuevo existieron presuntas faltas en la contratación y manejo de recursos públicos, ocasionando daños al patrimonio del Estado por $154 millones de pesos.

En la vigencia 2010 – 2011 Enoc Guzmán Portillo, exalcalde  de Tenerife, habría causado pérdidas y desfinanciamiento de la inversión en seguridad ciudadana, por una cuantía de $54 millones 573 mil 155 pesos.

En el caso de Santa Ana, el fallo cobija a Leandro Lopera Aguilar, exmandatario local,  Luis López López, secretario general y de gobierno del entonces, y los contratistas, Jorge Alvarado y Roberto Mejía, por la no ejecución de un contrato  por $28 millones, que contemplaba la alimentación para la fuerza pública.

Sitionuevo reporta 5 presuntas irregularidades en la administración de Omar Alfonso Díaz Gutiérrez. La primera por $15 millones de pesos,  en el que se pagó por una obra que no cumplió con el objeto de lo contractual, que era el mejoramiento del ‘Caño Aguas Negras’ que alimenta la Ciénaga Grande de Santa Marta.

La segunda por la suma de $16 millones aproximadamente, por el posible detrimento patrimonial del cual se presume que tampoco cumplió con el fin de otro contrato, muy a pesar que dentro de los documentos aportados reposa un acta de recibo de la obra.

Los hechos restantes concentrados en el fallo proferido contra el exalcalde de Sitionuevo, su secretario de planeación y al contratista Jairo Rafael Pájaro Reales, por un valor de $18 millones, quienes cancelaron un contrato que no fue realizado. Igual sucedió con otros dos contratos que suman $23 millones a los que se vincularon los contratistas José Álvarez Gamarra y Álvaro Lugo Sánchez.  

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