Gobierno Nacional atiende amenazas a líderes sociales en Cauca
Una comisión liderada por el vicepresidente Óscar Naranjo y el ministro del Interior, Guillermo Rivera, estudiará en Popayán los casos que afectan a defensores de derechos humanos.
Una comisión liderada por el vicepresidente Oscar Naranjo y el ministro del Interior, Guillermo Rivera, estudiará en Popayán los casos que afectan a defensores de derechos humanos. Foto: Colprensa(Thot)
Ante los hechos de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, desarrollará varios encuentros con dirigentes en la ciudad de Popayán este 2 de febrero.
En horas de la mañana el jefe de la cartera política liderará la Mesa de Garantías de Derechos Humanos que tiene como objetivo generar un espacio de encuentro y participación de los colectivos y líderes con las autoridades y el Gobierno.
En la tarde, presidirá la Comisión Intersectorial Para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), que permite coordinar y poner en marcha de manera oportuna las medidas preventivas y de reacción rápida por parte de autoridades y entidades, a las alertas y denuncias frente al cuidado de los líderes sociales.
A este encuentro también asistirán el vicepresidente de la República, genera Oscar Naranjo; Paula Gaviria, consejera Presidencial para los Derechos Humanos; Yolanda Pinto, directora de la Unidad de Víctimas y Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, UNP.
Asimismo, participarán Óscar Rodrigo Campo, gobernador de Cauca; altos mandos militares y de Policía; autoridades judiciales; representantes de las comunidades; organizaciones de derechos humanos y sociales.
Posterior a estos eventos, el ministro presidirá la Comisión de Seguimiento Electoral para presentar a los ciudadanos la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral Uriel, donde pueden realizar sus denuncias sobre presuntos delitos electorales.
En este espacio el funcionario también escuchará las sugerencias y recomendaciones de las autoridades electorales, administrativas, disciplinarias, judiciales y la Fuerza Pública en territorio, para garantizar la transparencia y normal desarrollo de los comicios.
