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La punta del iceberg en Tibú: La crisis que destapó el asesinato de dos jóvenes

El asesinato de un joven y un adolescente en Tibú, Norte de Santander, es la punta de una crisis por la falta de presencia estatal donde el terror lo imponen los grupos armados.

El asesinato de un joven y un adolescente en Tibú, Norte de Santander, es la punta de una crisis por la falta de presencia estatal. Foto: Getty Images

El asesinato de un joven y un adolescente en Tibú, Norte de Santander, tras ser acusados de supuesto robo, es la punta de una crisis por la falta de presencia estatal donde el terror lo imponen los grupos armados por la lucha de una zona estratégica.

Ariel Ávila, experto en seguridad, manifestó en Sigue La W que “desde que se firmó el acuerdo de paz comenzó un proceso de reacomodo criminal. Sobre la región de Tibú tenemos dos disidencias de las Farc y el ELN. Además, estamos en un escenario de empate crítico criminal, entonces para someter a la población, estos grupos terminan administrando la justicia, lo cual no es nuevo”.

“Es una justicia deficiente con grandes grados de corrupción, y, por otro lado, la gente no entiende cómo funciona el estado de derecho, entonces les parece muy garantista y la otra justicia llama más la atención”, indicó.  

Por su parte, Adriana Marcela Pérez, directora del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, dijo que “desde la organización hemos venido registrando en apoyo con lideresas un aproximado entre 9 a 12 feminicidios al corte de junio de este año, para la misma fecha reportamos alrededor de 54 amenazas de homicidios para mujeres, solo en el municipio de Tibú. Esto es algo preocupante y ellas no saben quiénes están detrás de esas amenazas”.

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Expresó que “en estos casos es claro que quien debe velar por la garantía de las mujeres es el Estado colombiano. Sin embargo, hay un llamamiento por parte de las mujeres en donde no se desea ni se está solicitando una mayor presencia de la Fuerza Pública porque agravaría la situación, lo que se necesita es una protección por parte de las entidades civiles del Estado como la Personerías y Defensorías, incluso también del sector de justicia y protección como la Fiscalía”.

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