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Nueva condena por fallas en contrato de vía de la Prosperidad en Magdalena

Siete años después de contratada y tras haberse recortado de 53 a solo 18 kilómetros de obra, la Vía de la Prosperidad, en el Magdalena, sigue levantando polémica en los estrados.

En este momento cursa ante el Consejo de Estado el recurso de anulación que interpuso el contratista contra el laudo.. Foto: Colprensa

Sigue la W conoció un laudo arbitral el cual declaró que la Gobernación del Magdalena violó el principio de planeación en lo relacionado con los estudios previos definitivos del contrato de la Vía de la Prosperidad y la condena a pagar de 3.740 millones de pesos al Consorcio Ribera Este, a cargo de este contrato, por los perjuicios causado.

Luis Miguel Cotes, ex Gobernador del Magdalena entre de 2012 a 2015 señalado como responsable por a falta de planeación de esta vía y quien firmó el contrato, aclaró en diálogo con Sigue la W que “la Vía de la Prosperidad cumplió con el objeto contractual, se terminó y se entregó en diciembre del año pasado”. Además, señaló que la Procuraduría General de la Nación absolvió a los funcionarios de la época por una investigación que se hizo desde ese ente a la licitación y adjudicación de dicho contrato.

Sin embargo, el exgobernador afirmó tener “un informe de la Contraloría en donde determina que la Gobernación de Magdalena no incurrió en falta de planeación, así como no ha existido sobrecostos ni detrimento patrimonial”.

Al momento de firmar el contrato, esta obra prometía 53 kilómetros de longitud con un presupuesto de 432 millones de pesos, pero, a día de hoy, la Vía de la Prosperidad solo cuenta con 18 kilómetros. Sobre esto, Cotes explicó que “hay dos razones por las que se redujeron la longitud de la vía. En primer lugar, estudios técnicos y la situación ambiental del terreno concluyeron que se decía reducir la longitud. En segundo lugar, hubo una reducción de 113 mil millones de pesos del contrato, por lo que ya no podría construirse la vía en su totalidad”.

La obra comunica el corregimiento de Palermo en Sitionuevo, Remolino y Guaimaro para dinamizar el comercio y la economía entre los distintos municipios.


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Sin embargo, no es lo único que deberá girar. La Gobernación también tendrá que devolverle al consorcio unos $982 millones por una multa que le había impuesto un año antes a este grupo de empresas.

Además, los árbitros declararon el incumplimiento parcial del contrato por parte de la Gobernación en cuanto al reconocimiento y pago del transporte del material fluvial y el pago del material de terraplén seleccionado, que se adicionó para compensar los efectos sobre la consolidación sobre la corona del terraplén y que fueron necesarios para poder colocar la estructura del pavimento.

No obstante el abogado de la Gobernación de Magdalena en la anterior administración asegura que el contratista solamente obtuvo estos $3.740 millones a favor, de los 30 mil millones que pretendía ganar y que todo se descuenta de los $4.793 millones que salieron a favor del Magdalena. Es decir el resultado neto es además favorable al Departamento, por lo que será el contratista quien debe pagar la diferencia. 

En este momento cursa ante el Consejo de Estado el recurso de anulación que interpuso el contratista contra el laudo. 

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