Policía interviene 16 entables mineros y destruye 18 motores en el sur de Córdoba

Las autoridades informaron que en el marco de la Campaña Militar y Policial Aquiles en el sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional a través de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Fiscalía, adelantaron la operación ‘San Gabriel’ contra la explotación ilícita de minerales en la mina ‘El Alacrán’ del municipio de Puerto Libertador.

“Con esta operación no solo se logra destrucción de 18 motores e inhabilitación de 16 entables mineros de los que se extraían alrededor de 100 gramos de oro diarios con la utilización de mercurio, afectando estas rentas criminales en más 8.000 millones de pesos mensuales, sino que además se interrumpe la instrumentalización de la población civil por parte del GAO Clan del Golfo”, estableció por parte de la Policía.

Foto: prensa Policía.

En el operativo realizado el pasado 14 de marzo, participaron más de 250 uniformados de la Unidad contra la Minería Ilícita, Policía Judicial, Inteligencia, Escuadrón Antidisturbios e Infancia y Adolescencia. Así como capacidades aéreas y terrestres.

“La minería ilícita en estas zonas del país, son la principal fuente de financiación de los Grupos Armados Organizados para sostener su lucha armada por el control territorial”, agregaron las autoridades policiales.

Foto: prensa Policía.

Sin embargo, este tipo de pronunciamientos fue rechazado por parte de la comunidad y hasta la administración municipal de Puerto Libertador, que ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado.

“Dicen que somos mineros ilegales, pero nosotros desde 1995 estamos solicitando ante las diferentes entidades del Estado la formalización minera y nunca nos han prestado atención, para nosotros entrar a un esquema jurídico de legalidad. Hacemos el llamado a las entidades del gobierno, de Derechos Humanos, a todas las que tengan que ver con este tema para que intervengan en el proceso”, dijo el presidente de la Junta de Acción Comunal, de la vereda El Alacrán.

Entre tanto, el alcalde de Puerto Libertador, Eder Soto, sostuvo que “nosotros desconocíamos esta situación, no fuimos notificados y es lamentable que esto se presente en nuestro territorio por son familias las que están ahí. Hay gente trabajando en el día a día y de forma ancestral han venido desarrollando una actividad económica, con la que se ganan el pan diario y que hoy les estén quitando el sustento es lamentable. Estigmatizar a otro, sin ser real, sin tener evidencias; ya eso se configura también en un delito”.

“Hoy han manifestado casi 20 personas que a ellos les da miedo volver al territorio, y es un problema que se nos presenta a nosotros. Se lo he manifestado al Gobierno Nacional, es importante que ejerza responsabilidad, que no se nos cruce de brazos y que no sea solamente un observador en este proceso”, manifestó el alcalde Soto.

Pese a lo establecido, las autoridades a través de un informe conocido por este medio, insistieron en que “informaciones en proceso de verificación permitirían establecer que los administradores de los entables tendrían que pagar alrededor del 10% de lo obtenido a la subestructura Rubén Darío Ávila, del Clan del Golfo”.

Al tiempo se señala en el informe que las condiciones actuales de infraestructura de la vereda, permitirían evidenciar que la explotación a la que se han visto expuesta las personas de la zona, no compensaría con las inversiones obtenidas producto del oro que se extrae.

Finalmente, la Policía indica que sobre la Mina El Alacrán, existía una quebrada denominada Las Ánimas “la cual por exceso de sedimento generó que se secara”.

Foto: cortesía Cordoberxia.

Ante la polémica suscitada, este 15 de marzo llegó una Comisión de la Defensoría del Pueblo y se instaló un refugio humanitario en la vereda Mina El Alacrán.