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Solicitan audiencia de imputación contra Alma Solano, secretaria de Salud del Atlántico

La petición fue realizada por el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, tras la investigación que se le sigue a la funcionaria por el caso del Hospital Cari.

Secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano. Foto: Cortesía.

Secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano. Foto: Cortesía.

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La W conoció que el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, el cual es representado legalmente por el señor Raúl Salvador Donado Beltrán, solicitó a la Fiscalía la audiencia de imputación pertinente, en calidad de víctima directa dentro de la acción penal que se adelanta contra la Secretaria de Salud del Atlántico Alma Solano por el delito de prevaricato por acción.

Así mismo, el abogado Fernando Rodríguez Bernier, en representación  del  consorcio pidió información si la indiciada Alma Solano, se permitió asistir al interrogatorio ordenado, conforme a su deber en calidad de funcionaria pública, y si se le ordeno entrevista a los señores Raúl Lacouture Daza; Eusebio Consuegra Manzano, Guido Santander Caballero y Arnold Gomez Mendoza.

Lo anterior, considerando que, según indica el documento, al dilatarse la investigación, “se re victimiza a la persona jurídica y a la ciudadanía Barranquillera, que en forma impune, observa cómo se deterioran sus recursos públicos, cuando los indiciados, en la calidad de servidores públicos, han permitido que el CARI, desconozca la obligación de la entidad, de informar y aplicar los avances y resultados de la gestión, así como el avance en la garantía de derechos ciudadanos a través de espacios de dialogo público”.

“Se hace más que necesario, se le imprima celeridad a la misma, debido a que , al escuchar las noticias públicas y notorias, en el CARI, se continúan desarrollando los actos dolosos, en especial, al vulnerarse lo dispuesto en la Circular 0000020 del 4 de marzo de 2021, emanada por el Ministerio de Salud y Protección Social, lo que puede conllevar a que se amplié el rango de los delitos denunciados (anexo circular)”, se lee.

Lea también en la W:

 

Circular:

“El derecho de participación de la víctima, como interviniente especial, en el proceso penal de tendencia acusatoria. Reiteración de jurisprudencia ……”

No obstante la jurisprudencia de esta Corte también ha precisado que aún cuando en el proceso penal con tendencia acusatoria el fiscal representa los intereses del Estado y de la víctima, ello no implica que la víctima carezca del derecho de participación en el proceso penal.

Sobre el particular, ha indicado, con base en el numeral 7° del artículo 250 de la Constitución, que la víctima actúa como interviniente especial sin sustituir ni desplazar al fiscal. Es decir, que a pesar de no contar con las mismas facultades del procesado ni de la Fiscalía, la víctima tiene capacidades especiales que le permiten intervenir activamente en el proceso, actuación que depende de varios factores:

“(i) del papel asignado a otros participantes, en particular al fiscal; (ii) del rol que le reconoce la propia Constitución a la víctima; (iii) del ámbito en el cual ha previsto su participación; (iv) de las características de cada una de las etapas del proceso penal; y (v) del impacto que esa participación tenga tanto para los derechos de la víctima como para la estructura y formas propias del sistema penal acusatorio”.

 En la medida en que la competencia atribuida al legislador para desarrollar la intervención de la víctima, está supeditada a la estructura del proceso acusatorio (investigación, imputación, acusación, juzgamiento, sentencia, incidente de reparación integral), su lógica propia y la proyección de la misma en cada etapa, la Corte ha señalado que en tanto el constituyente sólo precisó respecto de la etapa del juicio, sus características, enfatizando su carácter adversarial, rasgo que implica una confrontación entre acusado y acusador, debe entenderse que la posibilidad de actuación directa y separada de la víctima al margen del fiscal, es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio,3 como a continuación se verá. 

Siguiendo este parámetro, en el sistema penal con tendencia acusatoria instaurado por el Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado por la Ley 906 de 2004, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, en las etapas previas al juicio han sido protegidos4 a través del reconocimiento de los derechos y facultades que a continuación se presentan: (i) El derecho a que se les comunique el archivo de las diligencias protegido en la sentencia C-1154 de 2005.5 (ii) El derecho a que se les comunique la inadmisión de las denuncias garantizado en la sentencia C-1177 de 2005.6 (iii) El derecho a intervenir en los preacuerdos y negociaciones con poder de afectar su derecho a un recurso judicial efectivo para obtener la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, resguardado en la sentencia C-516 de 2007.7 (iv) El derecho de representación técnica durante el proceso garantizado en la sentencia C516 de 2007,8 en la que la Corte reconoció la posibilidad de una intervención plural de las víctimas a través de sus representantes durante la investigación. (v) Derechos de las víctimas en materia probatoria. En la sentencia C-209 de 2007,9 la Corte realizó un estudio sistemático de las normas que concurren a estructurar un esquema de intervención de las víctimas en materia probatoria, conforme al modelo diseñado por la ley 906 de 2004.

En esa oportunidad, la Corte reiteró que hacen parte esencial del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, los derechos a probar (C-454 de 200610) y a intervenir en los diferentes momentos procesales, atendiendo las especificidades del sistema. (vi) El derecho a solicitar medidas de aseguramiento y de protección garantizado en la sentencia C-209 de 2007, en la que la Corte determinó que las víctimas pueden acudir directamente ante el juez competente, ya sea el de control de garantías o el de conocimiento, para solicitar la medida de aseguramiento o de protección, según corresponda. (vii) Derechos en relación con la aplicación del principio de oportunidad protegido en la sentencia C-209 de 2007, fallo en el cual, la Corte sostuvo que su aplicación por parte del Fiscal supone la valoración de los derechos de las víctimas, la realización del principio de verdad y de justicia, y no excluye la posibilidad de acudir a la acción civil para buscar la reparación de los daños. (viii) Derechos frente a la solicitud de preclusión del Fiscal amparados en la sentencia C-209 de 2007, en la que la Corte reconoció a las víctimas la posibilidad de hacer uso de la palabra para controvertir la petición del Fiscal, la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas que muestren que sí existe mérito para acusar, o que no se presentan las circunstancias alegadas por el fiscal para su petición de preclusión, y el ejercicio del derecho de apelación contra la sentencia que resuelve la solicitud de preclusión. (ix) Derecho a participar en la formulación de la acusación con el fin de elevar observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades, garantizado en la sentencia C-209 de 2007.

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