Sacerdote habría prohibido la práctica de yoga en el municipio de Cogua
El sacerdote Herly Yesid Vargas les habría advertido a sus feligreses que quienes asistieran a las clases tendrían que confesarse
sacerdote Foto: Getty Images/ Fotografía de stock.(Thot)
La Alcaldía de Cogua, por medio de la Gerencia de Desarrollo Social y Comunitario, celebró un contrato con la médico cirujana especialista en medicina alternativa, Ángela Moreno. El contrato buscaba garantizar bienestar a los habitantes del municipio mediante la práctica de yoga.
A las sesiones asistieron mujeres mayores, niños y hombres que, tanto en las veredas como en el casco urbano, alcanzaron a palpar los beneficios de esta práctica. Marta empezó a ir a las clases de yoga ya que “por ser una mujer de edad, mi doctor me recomendó que hiciera gimnasia pasiva” y explicó que la clase empezó a tener efectos positivos en su salud y postura.
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Sin embargo, las clases duraron poco ya que un mes después del inicio del contrato, preocupados, los estudiantes se acercaron a la profesora para contarle que el sacerdote del municipio Herly Yesid Vargas, habría advertido a sus feligreses que, quien asistiera a las clases de yoga tendría que confesarse ya que esta práctica afecta la espiritualidad de los feligreses
Aunque la práctica occidental de yoga no necesariamente está relacionada con la religión, enfocándose en el bienestar corporal y mental, el sacerdote habría advertido que esta práctica no iba de la mano con la fe. Así mismo, habría presionado a las Juntas de Acción Comunal a no permitir llevar a cabo las sesiones en los salones comunales de las veredas.
La presión llegó a oídos de la alcaldesa Flor Murcia quien, después de analizar la situación con la médico Angela Moreno, decidió terminar el contrato.
“Es increíble, es absurdo y más cuando la Constitución no se basa en religiones y sea la alcaldesa que acepte esas disposiciones de un sacerdote” reclamó Marta, y efectivamente tiene razón: La Constitución Política destaca que Colombia es un estado laico en donde la Iglesia no debería tener injerencia en la actuación del Estado, posición reiterada por la Corte Constitucional en muchas de sus sentencias.
La W Radio buscó a la alcaldesa Flor Murcia para referirse a esta denuncia. Sin embargo, advirtió que “el tema estaba cerrado” y que únicamente respondería por correo electrónico, lo cual no ha sucedido.
