Fiscalía de la JEP cuestionó el otorgamiento de preacuerdos a responsables de asesinatos de exFarc

En el marco de una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares decretadas para proteger a los excombatientes de las Farc, el director de la Fiscalía de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, señaló que el 92% de las sentencias analizadas contra responsables de homicidio de reincorporados se alcanzaron vía preacuerdo y cuestionó su contenido en muchos casos.

Por ejemplo, reveló que en el 47% de los casos se degradó la participación del responsable directo a la figura de “cómplice”, generando reducciones en el monto de la pena. Además, cuestionó que dentro de los beneficiados con preacuerdos hay integrantes de grupos armados organizados, que incluso terminan pagando penas en sus casas.

“...se menciona en las sentencias que hacen parte de grupos armados al margen de la ley y sin embargo, por supuesto no son todos, pero sí en algunos casos se conceden beneficios como la detención domiciliaria porque quedan penas muy bajas a través del preacuerdo y pues uno supone que a quien hace parte de una organización criminal de esta naturaleza no se le debería conceder este tipo de beneficio”, señaló el fiscal Álvarez Santoyo.

También señaló que los tiempos de duración entre el homicidio del reincorporado y la emisión de la sentencia contra los responsables se estiman en 16 meses de demora en promedio.

Por otra parte, el fiscal Álvarez afirmó que en el 76% de los municipios con homicidios de reincorporados no ha habido fallos condenatorios y la política de la Fiscalía General de la Nación sigue centrándose en los autores materiales y no en las redes detrás de los crímenes.

“Es preocupante esta situación porque si lo miramos desde el punto de vista geográfico una impunidad del 76%, si se miran las entidades territoriales”, sentenció.

Asimismo, criticó que en el proceso investigativo no están quedando suficientemente esclarecidas las causas de los asesinatos, donde en varias ocasiones se termina es colocando la que el responsable argumenta sin ir más a fondo.

De acuerdo con el fiscal tras analizar 25 sentencias encuentran que el modelo de investigación de la Fiscalía General de la Nación no estaría contribuyendo al desmantelamiento de las organizaciones criminales por las razones descritas anteriormente.