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Juez reconoció el delito de invasión de tierras en un predio de Soledad, Atlántico

El caso hace referencia a la problemática de ocupación ilegal de predios por el que la Procuraduría abrió investigaciones desde finales del año 2021.

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A través de un fallo y tras una larga disputa legal, el Juzgado Primero Penal municipal de Soledad probó la comisión del crimen que, con la utilización de maniobras engañosas y documentos públicos falsos, permitió que ajenos ocuparan un bien privado, con el fin de orquestar la que sería una acción delictiva por parte de la banda criminal denominada “Red de Tierreros de Soledad”, dedicada a la invasión ilegal de tierras con fines lucrativos.

El lote que se encontraba en disputa, pertenecía originalmente a la familia Camacho, a quienes se les reconoció como víctimas en el proceso.

De acuerdo con lo señalado por el juzgado, se realizó la venta ilegal del terreno, a través de 43 escrituras públicas falsas que habían sido protocolizadas por la Notaría Primera de Soledad.

Entre las irregularidades también se hallaron: acto fraudulento de registro, escritura pública falsa y posesión ilegal.

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“Un juez penal de la República declaró probada la comisión de sendas conductas delictivas en el predio ‘Los Ángeles’ en Soledad, entre las cuales destaca: invasión de tierras, urbanización ilegal, falsedad en documento público, fraude procesal, entre varias otras conductas”, señaló la defensa del caso.

Adicionalmente, se declararon ilícitas las construcciones que se estaban adelantando al interior del predio y que, a través de una organización comercial, se encontraban ofertando bienes inmuebles al público.

Según Andrés Díaz Arana, abogado defensor de las víctimas, este caso no se trata de una invasión por parte de poblaciones vulnerables, si no de un entramado criminal.

“Este caso no se trata de una invasión por parte de poblaciones vulnerables, sino de un lucrativo negocio que tiene detrás gente que se ha organizado directamente con una constructora ilegal que busca quedarse con el dinero de la población y desaparecer luego”, señaló Díaz Arana.

Adicionalmente se ordenó a la Alcaldía municipal y a la defensoría pública, la vigilancia y restablecimiento de la posesión material a la víctimas.

Hay que mencionar que, por este caso de estafa, están siendo procesados por la justicia penal dos urbanizadores y se adelantan varias investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos del municipio de Soledad.

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