CIDH abre caso por falso positivo de jóvenes que aparecieron con camuflados del Ejército que les quedaban grandes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió investigación contra Colombia por la posible responsabilidad del estado en la no judicialización de los responsables de la ejecución extrajudicial de tres hombres entre ellos dos hermanos: Wilfredo Alarcón y Fernando Acevedo, quienes fueron presentados como bajas en combate, pero horas antes de su asesinato habían salido de sus casas a jugar un partido de fútbol.

De acuerdo con lo establecido por la justicia ordinaria, al menos 18 soldados se vieron investigados por esos crímenes (entre ellos el mayor Gustavo Soto Bracamonte, quien responde ante la JEP) en los cuales las tres personas fueron llevadas en estado de embriaguez por el reclutador de víctimas alias ‘Gilber’, quien les dijo que lo acompañaran para recoger un dinero que le debían, ellos aceptaron y los llevó a zona rural de Yopal y los entregó a miembros del Gaula del Ejército, quienes los obligaron a uniformarse con camuflados que les quedaban grandes, luego los llevaron a un potrero, los masacraron y presentaron como extorsionistas de un grupo armado.

“Una vez se pusieron los uniformes, los militares les instruyeron a los muchachos que los acompañaran a un potrero adyacente al camino, explicando que era para tomarles unas fotografías; ya en el potrero, los militares asesinaron en la oscuridad a Wilfredo, Fernando y Darwin con disparos a quemarropa de sus armas de fuego”, señala el escrito de la Comisión.

En el informe de admisibilidad, también se detalló el relato de la madre de Wilfredo y de Fernando, quien indicó que al identificar los cadáveres en la morgue evidenció que los cuerpos presentaban aberrantes rasgos de tortura.

“...ellas observaron que los cuerpos de Wilfredo y Fernando presentaban señales de tortura, incluyendo heridas, ruptura o trituración de huesos y hematomas, además de los orificios de entrada y salida de las balas; también observaron que el cadáver de Wilfredo tenía una estaca de madera clavada en la pierna izquierda atravesando el pantalón. Igualmente observaron que los cadáveres llevaban puestos, encima de su ropa habitual, algunos elementos de uniformes camuflados del Ejército, que estaban rotos y les quedaban grandes”, detalló la CIDH.

La Comisión determinó admitir y abrir el caso al establecer que a la fecha todos los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos no han sido sentenciados, colocando como ejemplo que apenas seis militares (que habían sido absueltos por la Justicia Penal Militar) fueron condenados en la justicia ordinaria pero solamente por encubrimiento y por penas inferiores a los 5 años de prisión.

“...han transcurrido en total diecisiete años desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha de adopción del presente informe, periodo tras el cual el proceso iniciado por sus muertes sigue inconcluso y suspendido, sin que se haya juzgado o determinado una justa sanción contra todos los responsables, ni mucho menos indagado sobre los posibles responsables intelectuales del crimen dentro de la cadena de mando militar y civil”, concluyó la Comisión Interamericana.

La determinación le cerró la puerta a la posición del Estado, que había solicitado no admitir el caso señalando que se han adelantado investigaciones “diligentes” y la Comisión entraría a actuar como una “cuarta instancia”.