Denuncian irregularidades en contrato para publicidad en paraderos de Sitp en Bogotá
Según el concejal Martín Rivera, “no puede ser que sean las empresas las que decidan cuánto le van a pagar a la ciudad por explotar un recurso público.”
Imagen de referencia de un paradero del SITP en Bogotá. Foto: Colprensa/Secretaria de Seguridad
Bogotá
El concejal de la Alianza Verde, Martín Rivera, denunció irregularidades en el contrato para el aprovechamiento comercial de los paraderos de Sitp en Bogotá. Según el cabildante, se trata del contrato de concesión 186 de 2020 y la firma del Otrosí No 7 del 12 de agosto de 2022, donde la ciudad concesionó por 15 años el aprovechamiento de 13.518 paraderos, paneles y bancas del mobiliario público.
Estos paneles de publicidad están localizados en las zonas de alta renta y mayor dinamismo comercial y de servicios. “Toda esta exposición, ¿a cambio de qué? Bogotá acordó un porcentaje de remuneración del 7.75% de las ventas brutas. Este porcentaje es incluso menor que el establecido en ciudades como Medellín (15,56%) y Cali (12%)”, indicó.
Rivera aseguró: “hacer esto no es normal en ninguna parte del mundo. Generalmente las ciudades definen un porcentaje de participación en las ventas brutas anuales, como lo hizo Medellín con un 15% o San Francisco con el 55%. Los porcentajes siempre deben ser definidos por la ciudad, porque no puede ser que sean las empresas las que decidan cuánto le van a pagar a la ciudad por explotar un recurso público”.
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“El contrato de concesión 186 de 2020 ha recibido unas ventas brutas de 41.4 mil millones de pesos desde 2020 hasta la fecha, ingresos que el concesionario continúa recibiendo pero que no se reflejan en la modernización del mobiliario como contraprestación. Incluso, el mobiliario actual se encuentra rezagado 20 años, corresponde al que debía entregar el concesionario desde el 2002, pero en esas dos décadas las concesiones han continuado explotando el mobiliario sin falta”, agregó.
Según el concejal Rivera, “la ciudad no puede seguir firmando contratos donde se beneficia el interés particular por encima del general. Bogotá viene recibiendo menos recursos, perdiendo en un negocio que tiene gran potencial como fuente de financiación para otros objetivos”.
Por eso, antes de que se firmara el contrato, en abril del año 2020, junto al concejal Rubén Torrado, alertó a los entes de control y le solicitó a la Alcaldía frenar el proceso.
“En ese momento se debía y se podía suspender la etapa de selección mientras la Administración le aclaraba a la ciudadanía todas las denuncias e irregularidades del proceso. Aun así, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP firmó el contrato”, dijo.