Fiscalía ocupa tres predios por sacrificio ilegal de porcino en Tunja
El sacrificio estaría contaminando las fuentes hídricas que abastecen el acueducto de Tunja.
Foto: Policía de Tunja
Durante labores investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación se determinó que permitieron el sacrificio clandestino de porcinos sin el cumplimiento de las condiciones de salubridad exigidas por las autoridades ambientales, y sin contar con el registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en Tunja.
La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho y Dominio, en articulación de la Policía Nacional, evidenciaron la presunta utilización de tres inmuebles ubicados en la vereda Runta y en Tunja (Boyacá), para el sacrificio, desposte y almacenamiento de productos cárnicos derivados del cerdo.
Estas prácticas se realizaban aparentemente con métodos artesanales y en espacios no aptos para esta actividad. El material de prueba da cuenta de que la carne porcina que allí se obtenía, no sería apta para el consumo.
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Se constató que los cerdos eran sometidos a condiciones de estrés antes de su sacrificio y en los inmuebles se hallaron alimentos en descomposición altamente contaminados y fuera de la cadena de frío.
Adicionalmente, evidencia técnica da cuenta de que los desechos y lixiviados que surgían de la actividad de sacrificio de los animales, serían arrojados a fuentes hídricas que alimentan el suministro de agua a través del acueducto de los habitantes en Tunja, Boyacá.
También fue hallado un pozo séptico que, al no contar con los permisos para disponer de los residuos de manera industrial, estaría generando daños al suelo y subsuelo en el inmueble rural allanado en la vereda Runta, Boyacá, que serviría de matadero clandestino.
Por estos hechos, la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre los tres predios que estarían avaluados en $1.315 millones.
Los bienes afectados fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
