Contradicción entre Fiscalía y Corte en proceso contra Piedad Córdoba

La W conoció una contradicción entre la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia acerca del proceso por presunta captación masiva de dinero en contra de la senadora Piedad Córdoba.

Mientras Fiscalía dice que lo remitió a la Corte, el alto tribunal afirma que no lo recibió.

Esto, luego de que la defensa de la senadora radicara una petición ante la Corte para tener conocimiento de si el número de noticia criminal por el delito de presunta captación masiva de dinero en contra de la senadora fue o no remitido el 20 de julio de la Fiscalía a la Corte Suprema por su fuero como congresista.

La Fiscalía anunció que sólo había un NUNC (Número Único de Noticia Criminal) contra Córdoba: el 110016000050202174562.

Sin embargo, al preguntarle a la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema por este NUNC y la asignación en la Sala de Instrucción, responde que, al requerir este proceso, a la Fiscalía se les indicó que Piedad Córdoba no está siendo investigada por ese NUNC y, por lo tanto, no remitirán el caso.

Recordemos que esta investigación en Fiscalía se dio por la compulsa de copias hecha por la magistrada Lombana dentro del radicado 29,875. Sin embargo, esta entidad respondió que, por competencia, había enviado el proceso a la Corte.

Entonces, al parecer, según esta respuesta, la Fiscalía no remitió ningún proceso y su respuesta al derecho de petición resulta contradictorio al de la Corte Suprema. Es decir, mientras la Fiscalía dice que remitió el proceso por competencia a la Corte, el alto tribunal señala que no lo recibió.

Según la Corte Suprema, además de la ‘farcpolítica’, no queda ninguna otra investigación en contra de la senadora Piedad Córdoba.

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El pasado 6 de octubre, Durante la diligencia en la que rindió testimonio por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, la senadora Piedad Córdoba leyó un documento en el que señaló que ha sido víctima de una desbordada persecución por parte de distintos sectores, entre ellos la familia Gómez, por la información que señaló tener sobre el magnicidio.

Señaló que su interés jamás ha sido revictimizar a la familia del exlíder conservador, y al contrario, también desea que se sepa la verdad.

“Entiendo su desconcierto por una nueva hipótesis, pero ello no los habilita para desarrollar una persecución política y mediática en mi contra, o hacer política electoral con mi honra. Están en todo su derecho de creer o no creen en la versión, pero no acusarme infundadamente de mala fe u otras injurias” sentenció la congresista.

Incluso, respondió a las declaraciones del director del partido Salvación Nacional Enrique Gómez, quien dijo en W Radio que la senadora ha hecho “lo que se le ha dado la gana”, respondiendo que ella no ha actuado “como se le ha venido en gana” y que la JEP tampoco la ha beneficiado.

“Pido respetuosamente a la familia Gómez y a sus representantes frenar su persecución y hostilidad en mi contra (...) he puesto a disposición mi historia clínica pero exijo que no se ponga en tela de juicio mi situación” manifestó la senadora.

Adicionalmente pidió a la JEP que la “haga respetar” frente a las afirmaciones “injuriosas” del senador Carlos Antonio Lozada quien en una rueda de prensa en abril del 2021 la trató de mandadera y que estaba mintiendo.

Asimismo, reiteró que es la única persona que ha acudido a declarar a excepción de otras personas que no han sido llamadas como el expresidente Samper, el general Óscar Naranjo, o el exfiscal Alfonso Gómez Méndez.

Finalmente, detalló que el supuesto ‘Lucho’ o ‘Chucho’, quien según ella se le acercó a contarle que había matado a Álvaro Gómez Hurtado, era un hombre afrocolombiano, de un 1.70 metros de altura aproximada, de pelo ensortijado, y que le dijo que se había desmovilizado solo, no propiamente en el acuerdo de paz, pero que seguía teniendo líos judiciales.