Víctimas alertan a ONU y CIDH sobre presiones de EE.UU. a la juez que condenó a Álvaro Uribe

Víctimas del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y organizaciones de derechos humanos alertaron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las “graves presiones de autoridades de Estados Unidos”, tras conocerse el sentido de fallo condenatorio en primera instancia contra el exmandatario, por manipulación de testigos.

El comunicado está encabezado por el senador Iván Cepeda, principal víctima en el proceso por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por los cuales el expresidente fue hallado culpable en una decisión de primera instancia.

Advierten que este tipo de interferencias en la administración de justicia representan “una amenaza directa a la independencia judicial”.

“Ante las graves presiones nacionales y de autoridades de Estados Unidos contra la independencia del poder judicial colombiano, tras conocerse el sentido del fallo de primera instancia mediante el cual se condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por haber cometido los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, enviamos el día de hoy una comunicación oficial a Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y a la Comisionada Roberta Clarke, Relatora sobre Personas Defensoras y Operadoras de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, se lee en el comunicado.

Señalan que estos intentos de interferencia en la función jurisdiccional “representan una amenaza directa a la independencia judicial, al debido proceso y al equilibrio institucional del Estado colombiano”.

Argumentaron que la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, fue presionada no solo por sectores del país, sino también a nivel internacional. Enfatizaron que este tipo de pronunciamientos pone en riesgo la vida de la funcionaria judicial.

“La audiencia de sentido de fallo del pasado 28 de julio, adelantada por la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, se produjo en un contexto de alta presión mediática y política, y estuvo antecedida y seguida por una serie de ataques y señalamientos contra la jueza, provenientes tanto de actores nacionales como internacionales, que además ponen en riesgo su vida e integridad”, advirtieron.

La decisión adoptada por la jueza es, por demás, histórica, pues es la primera vez que se condena a un expresidente de la República. Aunque los hechos por los que fue hallado responsable de la comisión de dos delitos (soborno en actuación penal y fraude procesal) —y absuelto por el delito de soborno— ocurrieron cuando era congresista y no mandatario, el fallo sí representa un hito en materia judicial en el país.

“Tras la lectura del sentido de fallo, se han registrado expresiones y reacciones por parte de altos funcionarios y legisladores del gobierno de los Estados Unidos que, en el actual contexto, pueden interpretarse como señales de presión sobre la administración de justicia en Colombia”, agregaron en el comunicado conjunto.

Concluyen señalando: “En un Estado de derecho, la justicia debe operar con plena independencia, sin injerencias externas y con respeto a la soberanía y a las garantías constitucionales. Hemos solicitado a ambas relatorías una intervención urgente que permita salvaguardar la integridad del poder judicial en Colombia, garantizar condiciones de independencia para jueces y operadores de justicia, y prevenir cualquier forma de presión indebida que pueda afectar la decisión de segunda instancia en el juicio contra Álvaro Uribe Vélez, que estará en manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá”.

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