Fiscalía imputó cargos a exprocurador y magistrados de Atlántico por presunta venta ilegal de predios

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exprocurador judicial Simón Miguel Ackerman Sánchez y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Atlántico, Judith Inmaculada Romero Ibarra y Luis Carlos Martelo Maldonado, por las presuntas irregularidades que rodearon la venta de dos predios, conocidos como Cuba y Casablanca, ubicados en el corredor vial entre Barranquilla y Puerto Colombia.

Según la investigación de la Fiscalía, entre los años 2009 y 2010, los funcionarios judiciales al parecer avalaron un acuerdo que permitió la comercialización directa de los terrenos.

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“Desconociendo que ambos estaban afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio”, detalló la Fiscalía.

Los predios se habrían vendido en $3.500 millones, a pesar de que el valor real era de $36.000 millones.

“En ese sentido, la aprobación de esta operación habría favorecido a particulares y generado un detrimento patrimonial cercano a los 20.000 millones en el caso de Casablanca”, explicó la Fiscalía, que además agregó sobre el otro terreno que “en cuanto al predio Cuba, se configuró una tentativa de apropiación, al no consumarse plenamente el daño.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia dan cuenta de que el entonces procurador y los dos magistrados tendrían conocimiento de las limitaciones que recaían sobre los bienes, pero aun así facilitaron la venta.

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Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación.

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