Diez años después de la ola invernal más dura de Colombia: ¿Seguimos en lo mismo?

A punto de cumplirse una década de la devastadora ola invernal en Colombia, el país afronta una nueva temporada de lluvias que tiene a miles de hogares en situación de emergencia. En Sigue la W analizamos si seguimos en las mismas y si la naturaleza está cobrando hoy las promesas incumplidas.

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Es evidente que nadie puede controlar las lluvias, pero los gobiernos tienen la posibilidad de prever y mitigar las afectaciones. No es gratuito que el Gobierno colombiano contratara en 2012 una misión del BID y la Cepal para identificar qué se hizo y qué se tenía que hacer después de los eventos de 2010 para  enfrentar nuevas emergencias. No obstante, los resultados de ese informe, cuyos apartes tenemos en Sigue la W, se quedaron durmiendo el sueño de los justos. ¿Por qué? Miremos en primer lugar qué fue lo que pasó hace diez años:

¿Qué pasó?

Según el estudio “Ola invernal en Colombia 2010-2011”, elaborado por la Cepal y el Banco Interamericano de Desarrollo, la ola invernal de 2010 se manifestó con intensas lluvias sin precedentes en Colombia, que afectaron con inundaciones, avalanchas y remociones en masa a varias zonas del país.

Esa situación generó entre septiembre de 2010 y mayo de 2011, 2219 emergencias conformadas por 1.233 inundaciones, 778 deslizamientos, 174 vendavales y 24 avalanchas.  En total 3.5 millones de hectáreas resultaron inundadas especialmente en la zona norte y en parte de las zonas central y sur del país. Acá es importante recordar que uno de los eventos que atrajo la mayor atención a n nivel nacional fue la ruptura del Canal del Dique en Barranquilla. Pero, además, un deslizamiento de tierra se llevó al municipio de Gramalote en norte de Santander afectando a 4 mil personas. Este municipio tenía que ser totalmente reubicado.

Pero, además, los aludes y avalanchas debido a las lluvias y desbordamientos de ríos dan cuenta de graves afectaciones; entre las más recordadas están las de Bello, Antioquia, La Cruz, en Nariño y en San Vicente de Chucurí, Santander. En Manizales (Caldas), un deslizamiento en el barrio Cervantes ocasionado aparentemente por la ruptura de un tubo de conducción del acueducto en la zona alta, tuvo como saldo trágico 48 personas fallecidas.

En total, esa ola invernal dejó a 3 millones 219 mil personas afectadas, lo que significa el 7% de la población colombiana y 1.374 personas murieron.  Bolívar, Magdalena, Cauca y Córdoba, fueron, en su orden, los departamentos con mayor número de damnificados. Sin embargo, Chocó fue el departamento más afectado frente al número de población que tiene, con más de 155 mil personas que lo perdieron todo. Hoy, 10 años después, estos departamentos vuelven a sufrir los estragos de las lluvias. Los mismos departamentos en donde se debía poner la lupa a mediano y largo plazo y en donde debieron existir planes de mitigación, como lo recomendó este mismo informe de la Cepal:

“La protección de la población, y de su entorno de vida, es y debe ser un signo de desarrollo que debe marcar el propósito de política. La política de hoy debe reflejar la historia que se quiere contar en diez, veinte o más años…. Por tanto, el foco de la política, además de reconstrucción de activos e infraestructura, debe estar centrado en la conjunción de comunidades y territorios, en condiciones que no se reproduzca la vulnerabilidad que el evento hizo evidente. En este sentido, la política debe ser transformadora, que haga parte del cambio necesario y deseable. No reproducir las causas que lo generaron y que ahora reconocemos, como la deforestación, la riesgosa ocupación de territorios y precariedad de asentamientos, y el desafío de hacer progresar la institucionalidad que se ha visto rebasada”.

¿Qué se hizo?

La ola invernal le dejó pérdidas al país por 20 billones de pesos, en este entonces el Gobierno, mediante los Decretos 4579 y 4580 de 2010  declaró la situación de desastre nacional en el territorio colombiano y el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública. Con base en esos dos decretos se pudieron comprometer recursos, se creó el Fondo de Adaptación, Colombia Humanitaria y se canalizó otra plata por medio del Fondo de Calamidades (que ya existía).

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Además, en sigue la W revisamos el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y encontramos  que se estableció todo un capítulo para atender la emergencia en el que se definió un plan de acción con tres fases: la primera, todo lo que tenía que Atención Humanitaria de Emergencias, la segunda, Rehabilitación y la tercera, Prevención y mitigación del riesgo; así como de las posibles fuentes de financiación y entidades responsables y de apoyo. Es decir, el tema era muy serio.

El objetivo inmediato debía ser la reconstrucción de 1.880 kilómetros de vías, 1.112 instituciones educativas, más de 300 instituciones prestadoras de salud, 493 sistemas de acueducto y alcantarillado y más de 100 mil viviendas que se afectaron por el fenómeno de la niña

Y por eso, para la reconstrucción se aprobó el Conpes 3776 de 2010 con el que se dio vía libre a la asignación de 9 billones de pesos, que incluyeron  5.7 billones de vigencias futuras, para que hasta 2018 se hicieran las inversiones necesarias que permitieran superar esa crisis.

Según el Conpes, esa plata, que se fue en gran parte al Fondo de Adaptación, salió de varias fuentes: la enajenación de una parte de Ecopetrol, la ampliación del impuesto al patrimonio, la prolongación del impuesto a los movimientos financieros ((más conocido como 4x1000), adquisición de más deuda por parte de la nación, de los fondos especiales y del fondo de regalías. 

Los resultados

No obstante, un informe de la Contraloría en 2016 prendió las alarmas por la crítica situación que de nuevo enfrentaban las regiones del país que se verían afectadas con la probable llegada de otro Fenómeno de La Niña. Según la entidad, cuatro años después de la ola invernal de 2010-2011 las obras de construcción, reconstrucción y mitigación del riesgo que se pusieron en marcha presentaban notables retrasos: en esa fecha las obras de vivienda, transporte, educación, acueducto y saneamiento básico y salud solo llevaban un avance de 25.4%.

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En el documento Conpes mencionado anteriormente, encontramos que se establecieron, por ejemplo, intervenciones en el sector de transporte para recuperar la carretera Malagá – Los Curos en Santander pero lo único que se hizo fue el famoso puente Hisgaura que terminó costando $107.600 millones con un sobrecosto de $27.000 millones.

El compromiso más importante era reconstruir Gramalote, hacer de nuevo un pueblo en otro sitio y todo lo que eso conlleva: hospital, colegios, vías de acceso y 1007 viviendas que contaban $67 mil millones. En julio pasado la Contraloría advirtió que al contratista le quedaban solo tres meses y llevaba construidas 844 casas. En sigue la W revisamos el contrato y en efecto el plazo, con prorroga y todo, se venció el pasado 27 de octubre y aún no sabemos si el contratista cumplió y entregó el número total de viviendas.

Así mismo, 3 de los 9 contratos para la construcción del Jarillón de Cali, que sumaban cerca de $49 mil millones, han tenido múltiples suspensiones que están entre los 188 y 533 días. Y sobre el otro compromiso que era el macroproyecto del Canal del Dique, a pesar de haberse estimado en el Conpes 3776 un presupuesto superior al billón de pesos, la asignación presupuestal fue sólo del 26% de lo aprobado inicialmente, aunque no se hizo nada con esa plata. En este momento no hay nuevo Canal del Dique, no hay mantenimiento y está en proceso de adjudicar una nueva APP para eso.  

Hoy la situación es más crítica y con el paso  de los años se sigue cuestionando el actuar del Fondo de Adaptación, la misma Contraloría alertó recientemente por 112 obras de esa Entidad, por $321 mil millones, que están en proceso de incumplimiento.

Gestión de riesgo

En materia de gestión de riesgo tampoco hemos avanzado mucho, revisamos la evaluación de la política nacional de gestión de riesgo 2018 que hizo el DNP y en algunos apartes encontramos, por ejemplo, que apenas 39 de las 190 entidades del orden nacional tienen funciones explícitas en esta materia. Las demás le botaron la pelota a la Unidad de Gestión de Riesgo y en los territorios no es claro el mecanismo de proyección sectorial, tampoco la protección financiera y el aseguramiento, en el nivel nacional, así como el papel de esa entidad.

Pero además, según el documento, aunque el 90% de los departamentos en Colombia ha formulado un plan de gestión de riesgo de desastres, solo el 55,6% lo han adoptado formalmente.