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El Estado de Colombia tendrá que pagarle más de $800.000 millones a Carlos Solarte

Un laudo arbitral estableció que se deben reconocer las obras que se ejecutaron en la Malla Vial del Valle del Cauca

Un laudo arbitral estableció que se deben reconocer las obras que se ejecutaron en la Malla Vial del Valle del Cauca.. Foto: Colprensa

Sigue la W conoció que el Estado colombiano tendrá que pagarle más de 800 mil millones de pesos al empresario Carlos Solarte, quien está involucrado desde el 2018 en el escándalo de corrupción de Odebrecht.

La situación tiene que ver con un contrato que se firmó en 1999 con la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, conformada por el Grupo Solarte como principal socio y Pavimentos Colombia, y, que tuvo una adición en 2006 cuando se amplió la concesión de 14 a 54 años.

Por esa extensión, años después comenzó una batalla jurídica del Gobierno en contra de los contratistas, por considerar como generoso el modelo financiero y el nuevo plazo del contrato. Incluso el presidente Santos, en 2016, aseguró que no conocía de concesiones de más de 50 años y que podría en cintura a las empresas constructoras.

Por esa razón y por otras irregularidades relacionadas con pagos que le estaba haciendo el Estado en ese entonces al concesionario, un Tribunal de Arbitramento ordenó la nulidad del contrato en noviembre de 2016. Después de eso, las partes debían empezar el proceso de liquidación pero pasaron dos años y no lograron un acuerdo.

Entonces, el Grupo Solarte convoca a un nuevo tribunal que finalmente en 2020 falla a favor del empresario y ordena a la Agencia Nacional de Infraestructura pagarle la suma de 823.455 millones de pesos para reconocerle las inversiones hechas en el proyecto, ya que los árbitros lograron comprobar que en dos tramos del proyecto fueron ejecutados en un 100% y otro más tuvo un avance de 51%.

El pago de estos recursos se tendrá que hacer, pese a que la Fiscalía y la Contraloría tenían sus ojos puestos en el contrato e incluso abrieron investigaciones penales y fiscales por presuntas irregularidades en el mismo  

En primer lugar la Contraloría habló sobre graves hallazgos fiscales en esa concesión, por ejemplo, la ampliación del contrato, que no tenía justificación técnica. Desde 2012 el Gobierno trató de desmontarlo pero pasaron cuatro años para lograrlo cuando se declaró la nulidad.

Además, para esa entidad de control fue ilegal el modelo financiero presentado por el concesionario para calcular su remuneración, lo que podría provocar un detrimento patrimonial. En ese proceso se vinculó solamente al señor Carlos Alberto Solarte Solarte como Presunto Responsable Fiscal, en su condición de miembro de la Unión Temporal Malla Vial Del Valle Del Cauca Y Cauca. La ANI por su parte fue considerada como Entidad afectada.

En ese momento, la Contraloría dijo que “el Concesionario posiblemente puede obtener una mayor utilidad en el ingreso esperado como consecuencia del Adicional No. 13 de 2006 y el Otrosí No. 2 de 2008 realizado al Adicional  No. 13 de 2006, del Contrato de Concesión No. 005 de 1999, cuyo objeto es los diseños, construcción, rehabilitación y mantenimiento de la prestación del servicio y uso de bienes (explotación recaudo peaje) para la Malla Vial del Cauca”.

Pero también se abrió una investigación penal en la Fiscalía por los presuntos delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

 Pese a que toda la artillería de Estado buscaba hacerle frente a esta situación, e incluso hubo intervención por parte de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y una contrademanda para evitar las pretensiones de los Solarte, en la que esa agencia hizo las veces de abogado de la ANI, no funcionó la estrategia y el fallo favoreció a los constructores.

La malla vial del cauca, fue adjudicada, en el año 1999, durante el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana. No obstante, en el año 2006, se firmó el contrato adicional No 13 con un objeto similar al del contrato inicial, aunque esta vez incluía la calzada del tramo Medicanoa – Loboguerrero.

Ese contrato adicional tuvo además seis otrosíes que alargaron el cronograma y generaron sobrecostos, por problemas ambientales y de compra de bienes, construcción de nuevos viaductos, entre cosas.

Carlos Solarte Solarte era uno de los empresarios constructores más reconocidos en ese entonces en el país. El exministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego –QEPD- quien le aprueba esa adicción y ampliación del plazo del contrato, lo calificó una vez como el mejor ingeniero de Colombia e incluso dijo que si pudiera adjudicar los contratos a dedo se los entregaría a él.

Hoy, pese a todas las polémicas de este constructor, que incluso tiene una imputación de cargos por parte de la Fiscalía por el proyecto Tunjuelo- Canoas en Bogotá en el que también habría o participado Odebrecht, resultó ganador de un proceso arbitral en el que pierde el Estado Colombiano una suma cercana al billón de pesos.

Esos recursos son cuatro veces los que tocó reconocerle a Odebrecht el lado arbitral por la Ruta del Sol 2, cuya cifra que se decretó pagara la ANI llegó a los 211 mil millones de pesos y es el lado más alto en la historia de controversias de infraestructura colombiana.

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